Ya sólo falta cumplirlo
El Gobierno ha presentado un ambicioso plan de lucha contra la delincuencia que implicará un gasto de 600 millones de euros y un aumento muy considerable de plantillas policiales y judiciales. También contempla reformas legales de bastante calado. Algunas de esas medidas son discutibles, pero de entrada hay que felicitarse de que sólo seis meses después de responder con sarcasmos y salidas de pata de banco a las interpelaciones y propuestas del PSOE sobre la cuestión, haya rectificado y admita ahora la gravedad del problema y proponga remedios.
La inseguridad ocupa desde hace algún tiempo el tercer lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos, tras el terrorismo y el paro. El Gobierno se sorprendió al ver, hace medio año, que la izquierda le tomaba la delantera al denunciar el aumento de la delincuencia y situar la seguridad ciudadana entre las prioridades de una política social. El PSOE argumenta que las políticas neoliberales han dualizado la seguridad: es satisfactoria para quienes pueden pagarse un servicio privado, y muy insuficiente para la generalidad de los ciudadanos. En la práctica, son sobre todo las clases medias y los vecinos de barrios lindantes con las zonas de marginalidad quienes padecen de forma muy intensa los efectos de una inseguridad creciente.
El Gobierno respondió, primero, negando la mayor: atribuyendo el incremento del número de delitos en 2001 a razones estadísticas; y luego, culpando a la inmigración ilegal, como si buscara con ello darse la razón respecto a la Ley de Extranjería. Las medidas que ahora plantea suponen una rectificación: admite, por ejemplo, la necesidad de ampliar las plantillas policiales y gestionarlas de forma que sus agentes se dediquen prioritariamente a tareas de patrullaje en la calle. Reconoce también la necesidad de una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado y las policías locales.
Una posible objeción es que ya ha habido otros planes sobre el papel que no han acabado de plasmarse, como los relativos a la policía de proximidad o de barrio; y que la cifra de 20.000 nuevas plazas en dos años significará al final de ese plazo un aumento efectivo de 12.000 policías, dadas las 8.000 jubilaciones previstas en el mismo periodo. Con ello, el aumento real respecto a las plantillas existentes en 1996 sería de unos 6.000.
Carece de fundamento, en cambio, la crítica de que el plan se centra en el aumento de policías y no en medidas preventivas: la presencia de policía en las calles es la principal medida preventiva. El reproche a las políticas de la derecha no sería que dedique más atención a la seguridad que a otros servicios sociales, como si el de la seguridad no fuera un componente esencial del Estado de bienestar; sino precisamente que, como es el caso de los Gobiernos del PP desde 1996, reduzca el gasto público (en porcentaje del PIB) en seguridad, mientras aumenta en seguridad privada de quienes pueden pagársela.
Más dudas plantean las reformas legales y penitenciarias. Es cierto que la multirreincidencia de autores de pequeños delitos que no van a prisión se ha convertido en una incitación al delito por vía de impunidad; y que el mismo efecto tiene la aplicación de beneficios penitenciarios que permite a delincuentes con fuertes condenas abandonar la prisión al poco de ingresar en ella. Pero también se sabe que las cárceles son una escuela de delincuencia, y que los beneficios penitenciarios son un estímulo para las políticas de reinserción social. El objetivo de reinserción es, además, un principio constitucional que ninguna ley puede eliminar, como ocurriría en la práctica para las penas superiores a 60 años, según la formulación que se propone. También se plantea el problema de que las nuevas medidas aumentarán probablemente el número de reclusos en las ya muy saturadas prisiones españolas (más de 51.000 presos en la actualidad).
El plan, por tanto, responde a una necesidad social, incorpora previsiones de financiación y pone el acento, acertadamente, en la presencia policial en las calles; además, propone un discutible y tal vez inconstitucional endurecimiento legal, cuyas aristas más cortantes podrían matizarse en el debate parlamentario.
