El debate de la Ley de Calidad y las movilizaciones marcan el curso escolar

Las discusiones sobre la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) tendrán lugar tanto en el Parlamento como en las movilizaciones convocadas para los próximos meses en la calle por diversas organizaciones. La educación promete volver a la primera fila de la actualidad con protestas aún más calientes que las que tuvieron lugar hace justo un año acerca de la Ley Orgánica de Universidades. Tras una fuerte polémica que culminó el pasado otoño con las manifestaciones más numerosas protagonizadas por la comunidad educativa desde la transición política (en las que llegó a participar una decena de rectores), la reforma universitaria fue aprobada por el Congreso de los Diputados en diciembre, con los votos a favor del PP, Coalición Canaria y CiU.

La Ley de Calidad será, por tanto, la protagonista del nuevo curso escolar que la comunidad de La Rioja estrenó el pasado jueves en todos los centros de infantil y primaria y que empieza con un número inferior de alumnos (alrededor de 100.000 menos) que el anterior, en la misma tendencia de los últimos años. Las etapas que siguen perdiendo alumnos son las de primaria (unos 20.000), ESO (30.000) y el bachillerato (20.000). También se prevé la reducción del número de universitarios. Unos 6,6 millones de estudiantes ocuparán este curso las aulas no universitarias españolas.

El texto del proyecto de Ley de Calidad fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio y este mes se empezará a debatir en el Parlamento. Padres, profesores, políticos y estudiantes se pasarán el curso pendiente de ella.

Presupuesto pendiente

Pero el aspecto más controvertido a día de hoy es que no se sabe si irá o no acompañada de financiación por parte del Estado, aunque se prevé que las comunidades tendrán que desembolsar buena parte del presupuesto que se precise para implantarla. Al menos así se desprende de diversas declaraciones realizadas por la ministra de Educación, Pilar del Castillo, el pasado curso, quien recordó, al ser preguntada por esta cuestión, que las competencias educativas ya están transferidas.

La memoria económica de esta ley, elaborada por el equipo de Educación y enviada a Hacienda -pero que Del Castillo no ha hecho pública hasta el momento-, establecía un presupuesto muy criticado por la oposición socialista y por algunos responsables autonómicos.

Este texto establecía la puesta en marcha de la reforma con sólo 2.800 profesores más en toda España (uno por cada 800 alumnos) y estimaba que el coste de la implantación de los itinerarios en la ESO (la división en dos aulas de las clases de 3º y en tres aulas las de 4º) sería de 75 millones de euros anuales. De éstos, preveía que 52 millones irían para financiar a profesores de los centros privados concertados y 23, para los públicos. La división de alumnos en itinerarios supone el cambio de mayor envergadura.

Los socialistas han reclamado que se haga público el documento e incluso el Pleno del Congreso solicitó la semana pasada al Gobierno que presente a esta Cámara el presupuesto de la reforma. Sin embargo, Pilar del Castillo ya advirtió antes del verano que la financiación de esta ley dependerá de lo que decida el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El proyecto no cambia la base de la organización ni de la denominación del sistema educativo, modificadas en 1990 con la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) y tampoco toca los contenidos.

Pero, si la nueva ley no cambia la estructura y los contenidos del sistema educativo ni ha sido vendida como una apuesta por la calidad a partir de un determinado presupuesto (como han hecho otros países, como Inglaterra o EE UU), ¿qué es lo que cambia?

El proyecto de ley da un vuelco al tratamiento educativo de los alumnos, con lo que obliga a reorganizar las enseñanzas y los centros: permite que los que vayan peor sean metidos en unos programas especiales a partir de los 12 años, introduce la posibilidad de repetir curso más veces en la ESO (ahora se puede dos, más una en primaria), separa a los alumnos a partir de los 14 años en itinerarios según su rendimiento, adelanta de los 16 a los 15 años la edad a la que es posible mandar a los peores alumnos a programas fuera de la ESO (la actual garantía social) e introduce una reválida al final del bachillerato como requisito para poder acceder a la Universidad.

Todas estas medidas han sido calificadas de 'antisociales' y 'discriminatorias' por la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carmen Chacón, y han recibido duras críticas de IU y de los gobiernos catalán y vasco. La consejera de Educación catalana, Carmen Laura Gil, calificó la ley el curso pasado, al conocerse el plan de Pilar del Castillo, de 'cruel y segregadora' por separar a los niños a partir de los 12 años y por 'obligar a las familias a decidir el futuro de sus hijos a los 13 años'. Sin embargo, Gil dijo, meses después, que la ministra se había dejado influir por 'elementos progresistas', aunque el mismo día el secretario general de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, anunció que esta coalición recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional por 'invasión de competencias'.

También la consejera vasca de Educación, Ángeles Iztueta, manifestó su oposición a esta reforma: 'La preparación de nuestros jóvenes no se soluciona poniendo vallas, sino enseñándoles a saltar. No saben más los que más se examinan, sino los que estudian más y en mejores condiciones. Pero eso cuesta dinero'.

Pero aún es posible que haya sorpresas. Del Castillo dijo al día siguiente de la aprobación del proyecto por el Gobierno que el texto 'registrará otros matices' durante el trámite parlamentario.