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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Morosos con la familia

LA DETENCIÓN y encarcelamiento en EE UU de 67 personas por no pagar la manutención de sus hijos ha puesto de actualidad un problema grave que afecta de forma especial a los menores a raíz de las rupturas matrimoniales: la omisión del deber de pagar la pensión familiar establecida mediante resolución judicial o convenio aprobado por el juez en los casos de separación o divorcio. La redada en 29 Estados ha intentado aplicar un tratamiento de choque frente a los cónyuges irresponsables, en su inmensa mayoría hombres. La iniciativa, aunque procedente de la anterior Administración, ha sido revitalizada por el Gobierno Bush con el propósito de escarmentar a unos cuantos padres morosos.

La mejor forma de abordar la cuestión desde los poderes públicos es, sin embargo, atender primariamente al sustento de quienes resultan perjudicados por el impago mediante el adelanto estatal de la pensión y su inmediata repercusión sobre el moroso, acudiendo, si es necesario, al embargo de los bienes, no sólo de la nómina. En España, la solución europea del Fondo Estatal de Pensiones y Alimentos no ha conseguido prosperar. El PP, desde la oposición, exigió en 1994 la creación de ese fondo, y el PSOE adujo para no ponerlo en marcha problemas económicos. En 1996, Javier Arenas, ministro de Trabajo entonces, anunció su inminente implantación. Actualmente, la Generalitat catalana estudia una medida de este tipo, que tampoco ha cristalizado en una norma concreta.

Así pues, en España sólo existe lamentablemente la vía penal. El nuevo Código de 1995 sustituyó la pena de hasta seis meses de cárcel existente hasta entonces por la de arresto de 8 a 20 fines de semana para 'el que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial'. Pero el delito es poco perseguido, ya que exige la acusación de los afectados, que nada ganan con la privación de libertad del que no paga.

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