Los afectados por la coca de Sant Joan ya son 1.232 y el juzgado abre una oficina para recibir denuncias
La intoxicación por la ingestión de coca de Sant Joan elaborada en la pastelería Gusó de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), que ya ha afectado a 1.232 personas, entró ayer de lleno en el capítulo judicial. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Bisbal d'Empordà citó ayer a declarar a uno de los responsables de la pastelería aunque finalmente éste no pudo comparecer porque, ironías del destino, su abogado es uno de los afectados por la intoxicación.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, anunció ayer que a partir del lunes se habilitará una oficina en los juzgados de La Bisbal para canalizar las denuncias de los afectados. La oficina dispondrá de un mínimo de tres funcionarios dedicados exclusivamente a este tema, después de que el Departamento de Justicia de la Generalitat aceptase la sugerencia de Mena en este sentido. El fiscal también acudirá dos o tres veces por semana para interesarse por las diligencias. Mena explicó que la investigación judicial debe indagar si existe algún responsable penal de la intoxicación.
Hasta ayer se habían recibido únicamente un par de denuncias procedentes de particulares, aunque se estima que a medida que los afectados superen la intoxicación y atendiendo a los análisis de Sanidad -que atribuyen la intoxicación a la coca de Torroella- muchos de los perjudicados decidirán denunciar los hechos.
A pesar de que la cifra de los enfermos que han debido ser hospitalizados se elevó ayer a 85 personas, los centros sanitarios empezaron a dar el alta a muchos de ellos.
Sanidad confirmó 16 altas a lo largo del día de ayer y prevé que en los próximos días sean escasos los intoxicados que permanezcan en los hospitales. Las tres personas mayores de 65 años con pronóstico reservado han evolucionado favorablemente en las últimas horas.
El Departamento de Sanidad especificó que el incremento de la lista de afectados no debe atribuirse a personas que han caído enfermas recientemente sino a la búsqueda exhaustiva de los casos no declarados para establecer el alcance de esta intoxicación.
Sanidad estima que el coste para el erario público de la salmonelosis de la coca de Sant Joan superará los 150.000 euros (25 millones de pesetas). A éste hay que sumar las bajas laborales que ha causado la indisposición de muchos empleados de empresas públicas y privadas.
Se calcula que un 10% de la población de Torroella de Montgrí, con unos 8.000 habitantes, ha sufrido en su organismo los efectos de la coca de Sant Joan de los establecimientos Gusó. La repercusión en la opinión pública ante la magnitud de la intoxicación ha originado un descenso en las ventas de las cocas de Sant Joan y otros productos de crema. Este descenso ha sido más acusado en el Baix Empordà. El establecimiento implicado continúa sin poder vender productos de pastelería fabricados en su obrador.
