Una 'agencia ministerial'

El Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) analizará esta semana los dos principales textos que desarrollan la LOU, que regulan la habilitación nacional y la nueva agencia nacional. Ambos contienen aspectos polémicos que serán rebatidos por las universidades.

La futura Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es una de las 'prioridades de mayor urgencia' para el ministerio en el desarrollo de la LOU, porque es 'esencial en la estructura futura de desenvolvimiento universitario y por el papel que juega en la contratación del profesorado', según ha dicho el secretario de Estado de Educación, Julio Iglesias de Ussell. Y lo confirma una extensa ponencia del director general de Universidades, Ismael Crespo, que detalla todas las competencias que asumirá en materia de 'auditoría', 'evaluación', 'acreditación' y 'certificación' de 'toda la actividad docente, investigadora y de gestión de centros, programas y titulaciones' [ver EL PAÍS 27/05/02].

El peso de este órgano dependiente del Ministerio de Educación -diseñado para la planificación y control del sistema universitario- parece incuestionable. Máxime, cuando el Gobierno se reserva la designación de sus miembros y un presupuesto de 9 millones de euros (a la manera de una Dirección General); aunque, paradójicamente, aclare que tendrá el estatus jurídico de 'una fundación, porque es más flexible'. Y 'difícil de fiscalizar', precisa un jurista. Hasta ahí, lo que se sabe.

Pero la esencia del ente reside en lo que calla, coinciden media docena de juristas consultados por este periódico que revisan con lupa los escasos folios remitidos al Consejo de Universidades. 'Se sabe que la agencia evaluará personas y proyectos, pero no los criterios; lo que puede ser una vía abierta al uso político y a la arbitrariedad'. 'Estamos frente a una nueva endogamia, pero a la carta', se cuestiona un reconocido catedrático en Derecho Administrativo.