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domingo, 9 de junio de 2002

Condenado a un año de cárcel un edil de Torremolinos por maquinación y cohecho

La Audiencia de Málaga ha condenado a Antonio Romero Gómez, un edil de Torremolinos que fue responsable de Urbanismo con el PSOE y que pasó hace unos meses al grupo mixto, a un año de cárcel por alterar el precio de unas obras realizadas en La Carihuela hace más de 10 años, presupuestadas en 57 millones de pesetas y por las que el Ayuntamiento pagó el doble.

El tribunal considera que los hechos constituyen un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas y le impone además una multa de 1.202 euros. La sentencia estima probado que el constructor adjudicatario del proyecto pagó parte de una vivienda que luego ocupó el edil, por lo que le condena además a tres meses de arresto mayor, nueve años de inhabilitación y una multa de 7.212 euros por cohecho. Romero era entonces concejal de Urbanismo.

El tribunal condena por los mismos delitos al adjudicatario de la obra, el constructor José Luis Catalán. En cambio, absuelve al entonces alcalde de Torremolinos, el socialista Miguel Escalona. Los hechos se remontan a finales de 1989, cuando las inundaciones destrozaron La Carihuela. Las obras, de carácter urgente, fueron presupuestadas en 57.219.200 pesetas. Se presentaron tres empresas y resultó adjudicataria Morales y Catalán, SA.

Los trabajos acabaron en marzo de 1992, con un coste de 113.295.230 pesetas. Los peritos certifican que los precios fueron inflados 'sin justificación'. Además, la sentencia considera probado que se cometieron irregularidades tales como que las obras excedieron el límite de 72.750.000 de contratación directa pero 'no fueron objeto del preceptivo contrato independiente y a distinto contratista como exige la ley'.

El fallo evidencia la vinculación irregular entre las tres empresas que acudían a los concursos. Así, el representante legal de Ayala Construcciones era apoderado de Aldebarán; el cofundador de esta empresa era encargado de obras de Aldebarán y de Morales y Catalán. Incluso responsables de las tres empresas utilizaban un despacho común y tenían el mismo número telefónico. Por eso la sentencia sostiene que 'la elección de estas tres empresas la hizo Antonio Romero por su amistad con Catalán y a sabiendas de que estaban concertadas entre sí para la adjudicación de la obra'. El fallo condena además a una trabajadora del departamento de Romero a tres meses de arresto mayor y una multa de 7.212 euros por un delito de cohecho.

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