Esclavos cara al sol
El 3 de julio de 1937, en plena guerra civil, un destacamento penal de prisioneros republicanos comienza a construir un monumento en honor al general Emilio Mola en Alcocero (Burgos), en el mismo lugar en donde un mes antes había perdido la vida en un accidente de avión. Sólo habían transcurrido 36 días desde que Franco dictase en Salamanca el decreto 281, de 28 de mayo, que consagraba el 'derecho-obligación' al trabajo para los presos rojos, aunque sobre ellos no pesase 'una imputación específica'. Esa norma, de la que ahora se cumplen 65 años, fue la primera piedra sobre la que el régimen franquista levantó un sistema que permitió explotar laboralmente, durante años, a decenas de miles de presos. Aunque nació 'con carácter netamente provisional y como medida de urgencia', el sistema perduró: el último destacamento penitenciario del que tenemos constancia, con el que José Banús construyó la colonia de chalés de lujo de Mirasierra, en Madrid, se cerraría en 1970, tres décadas después. Como Banús, de esa mano de obra baratísima, casi esclava, se sirvieron ministerios, diputaciones y ayuntamientos, instituciones próximas al régimen, como la Iglesia y la Falange, y cientos de pequeños y grandes empresarios privados en todo el país.
Los presos republicanos eran trabajadores muy cualificados y resultaron muy rentables para los organismos y empresas que dispusieron de ellos
El Valle de los Caídos es el símbolo de la explotación de esta mano de obra reclusa, pero hubo cientos de 'valles de los caídos' a lo largo y ancho del país
Un año después del decreto de Salamanca, en octubre de 1938, se crea el Patronato para la Redención de Penas, el organismo gestor que se encargaría de catalogar presos y manejar los rendimientos económicos generados por su trabajo forzado. El Patronato elaboró una gran base de datos -el Fichero Fisiotécnico- que permitió catalogar laboralmente a más de 100.000 presos y presas en apenas un año.
'A beneficio del Estado'
En teoría, los presos recibían el mismo salario que cobraban los obreros libres. Si el jornal de la época estaba en torno a las 14 pesetas diarias, el preso sólo recibía en mano 50 céntimos; su mujer, otras dos pesetas, y por cada hijo menor de 15 años, una peseta más. En el mejor de los casos, pues, el preso y su familia apenas recibían la cuarta parte de su salario. El otro 75% se ingresaba en las arcas públicas 'a beneficio del Estado'.
La rapiña del régimen de Franco no tuvo límites. No contento con embolsarse esta cantidad de dinero, en una primera época llegó a descontar del exiguo salario de los presos el precio del uniforme que llevaban y les llegó a cobrar las comunicaciones con sus familias, a razón de 1,25 pesetas por visita, el valor de más de dos días de trabajo.
El sistema de explotación laboral de los presos adoptó diversas formas: los talleres penitenciarios y los destinos, dentro de las prisiones; los destacamentos penitenciarios, las colonias penitenciarias militarizadas y los batallones disciplinarios, para la ejecución de trabajos exteriores. Es evidente que estas instituciones carcelarias crecen al ritmo que mengua el número de campos de concentración, que se van cerrando progresivamente. El nombre cambia, pero la esencia permanece. Igualmente sorprende observar cómo algunos de estos sistemas se hacen a medida para responder a las necesidades del nuevo Estado. Es el caso de las colonias penitenciarias militarizadas, que se crean en septiembre de 1939, cinco meses después de aprobarse el I Plan de Obras Públicas, 'para contribuir a su ejecución con mano de obra penada'.
El Valle de los Caídos es el símbolo de la explotación de esta mano de obra reclusa, pero hubo cientos de valles de los caídos a lo largo y ancho del país. Los presos construyeron más de 30 embalses y canales de riego, los más importantes de la época; levantaron sus propias cárceles, como la de Carabanchel, en Madrid; trazaron líneas férreas, como la de Madrid-Galicia o la de Madrid-Burgos, que empleó casi tantos hombres como la obra de Cuelgamuros; trabajaron en los pozos más importantes de las principales cuencas mineras del país -en Almadén, gracias a su trabajo, se consigue una producción nunca superada en su historia-; levantaron importantes fábricas, como la de Sniace, en Cantabria, o la de cementos Portland Iberia en Castillejo (Toledo), aún en funcionamiento, además de reconstruir los lugares más emblemáticos destruidos en la guerra: Belchite, Brunete, Gernika, Teruel, Oviedo...
Los presos republicanos eran trabajadores muy cualificados y resultaron muy rentables para los organismos y empresas que dispusieron de ellos. Hacinados en barracones que ellos mismos construían, alojados en condiciones higiénicas precarias, mal alimentados, trabajaban de 10 a 12 horas diarias y estaban disponibles todo el año. Los elocuentes informes de los empresarios privados que los emplean certifican que los presos logran sobreproducciones que van del 20% al 60% respecto a los obreros libres. No es que trabajasen con más eficacia, es que trabajaban, sencillamente, más horas. Un informe de la empresa Duro Felguera llega a certificar que los presos a su cargo realizan el mismo número de horas ordinarias y extraordinarias. La razón por la que estos hombres, exhaustos, llegaban a duplicar su jornada es evidente: así como el jornal ordinario se lo quedaba prácticamente el Estado, las horas extraordinarias las cobraban íntegramente. No por mucho tiempo. El régimen vio muy pronto en este sobreesfuerzo un nuevo botín para su rapiña y muy pronto estableció que de las horas extraordinarias se descontase a los reclusos un 25% como 'donativo reglamentario' para el Fondo de Educación de Hijos Desvalidos de Penados. Igualmente, viendo que empresas privadas, especialmente las mineras, comienzan a tener grandes beneficios gracias a la explotación de esta mano de obra encarcelada, el régimen franquista decide establecer un gravamen de tres pesetas por preso y día.
La existencia de algunas empresas, como Banús, Dragados y Construcciones, Duro Felguera o Portland Iberia -sólo por citar las más conocidas-, que disponen durante 20 años de presos como si formasen parte de sus nóminas, es la prueba de una fidelidad mutua que demuestra que con la explotación de los presos todos ganaron. Hoy, 65 años después, desconocemos aún el beneficio global que obtuvieron cientos de empresas. También adónde fueron a parar los formidables beneficios obtenidos por el régimen con la explotación de los presos o la riqueza generada durante décadas por las grandes obras hidráulicas que levantaron. Como desconocemos cuándo llegará el día en que alguien reconozca la vileza de su sacrificio forzado y les pida perdón, como ha sucedido en Alemania. A ellos, si viven, o a sus hijos.
Isaías Lafuente es autor de Esclavos por la patria (Temas de Hoy).
Un sistema perfecto y muy rentable
EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN llegó a funcionar con tal grado de perfección que los presos levantaban edificios -sus propias cárceles, entre otros- con cemento que fabricaban los propios presos en las factorías de Portland Iberia (Toledo) y Asland (Córdoba), cuya carpintería y mobiliario construían los presos en talleres como los de Alcalá de Henares. Vestían uniformes confeccionados por reclusas de Ventas, en Madrid, o de Amorebieta, en Guipúzcoa, y comían con cubiertos fabricados en el taller de Metalistería de El Dueso, en Cantabria. Si enfermaban y tenían suerte, eran trasladados a hospitales penitenciarios atendidos por médicos y enfermeros reclusos, y eran tratados con fármacos fabricados en el laboratorio de la cárcel de Yeserías (Madrid). Sus hijos, si podían estudiar, lo hacían en pupitres y ante crucifijos fabricados en Alcalá. La expropiación del salario de los presos y el ahorro que al régimen de Franco le supuso no tener que construir cárceles y mantener las que tenía gracias al trabajo de los reclusos en los llamados destinos generó un formidable beneficio que aún está por cuantificar. En 1939, el Patronato para la Redención de Penas prevé obtener un beneficio, 'según cálculos prudentes, de más de 1.500 millones de pesetas en los próximos diez años', lo que equivale ahora a más de 1.322 millones de euros. En 1962, José María López de Riocerezo publica un informe en la Revista de Estudios Penitenciarios en el que constata que el régimen de Franco había pagado a los presos, hasta agosto de 1948, un total de 50 millones de pesetas, apenas un tercio de los 158 millones que habían generado con su trabajo desde el 1 de enero de 1939 hasta el 30 de junio de 1943. El resto fue confiscado por el régimen. Según mis cálculos, sólo hasta 1946, periodo de explotación casi exclusiva de presos republicanos, éstos realizaron casi 23 millones de jornadas, con lo que el beneficio obtenido por el régimen superaría los 600 millones de euros.
