El debate nuclear

Sostiene la comisaria de Energía y Transportes de la UE, Loyola de Palacio, que el mantenimiento de la energía nuclear en Europa es imprescindible para poder reducir las emisiones de gases invernadero, provenientes en su mayor parte del uso de combustibles fósiles, en concordancia con los acuerdos de Kioto. Y replica la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, que para cumplir dichos acuerdos no hay ninguna necesidad de incrementar el uso de la energía nuclear.

Esto último es cierto. Países como Alemania, Francia, el Reino Unido o Suecia están reduciendo sus vertidos de gases a la atmósfera de forma que en 2008-2012 habrán alcanzado sus objetivos sin aumentar la producción de energía de origen nuclear. Basta con adoptar medidas de ahorro energético, de penalización fiscal para las actividades más contaminantes, de sustitución del carbón por el gas y de incorporación de tecnologías limpias para cumplir con las cuotas de reducción pactadas. Pero también es verdad que estos países han mantenido en funcionamiento su parque nuclear, y es bastante probable que, de no haberlo hecho, no habrían conseguido esos niveles de reducción de emisiones. Ambas afirmaciones son, por lo tanto, compatibles en sentido estricto, aunque reflejan dos puntos de vista opuestos respecto del futuro.

El horizonte temporal del Protocolo de Kioto es la próxima década, y en ese periodo no se prevé la reducción significativa del parque nuclear europeo ni tampoco la aparición de problemas graves de abastecimiento de combustibles fósiles. Por lo tanto, el debate se centra en las medidas que cada país debe tomar para cumplir con su parte del acuerdo. En este punto, cabe señalar la ausencia total de iniciativas por parte del Gobierno español: el nuestro es el país que peor se está comportando en relación con los compromisos adquiridos. Estaba autorizado a aumentar en un 15% sus emisiones de gases invernadero para 2008-2012 respecto de las registradas en 1990, aun cuando el conjunto de la UE debía alcanzar una reducción neta del 8% en ese mismo periodo; las cifras disponibles para el año 2000 reflejan un aumento de más del 33%. A la vista de estos datos y de lo conseguido por otros países, lo que urge ahora es tomar las medidas internas necesarias para enderezar la situación.

Es en términos económicos, donde la viabilidad de la producción nuclear de energía eléctrica es más discutible. Es dudoso que las compañías eléctricas -las españolas al menos- tengan en estos momentos las disponibilidades financieras necesarias para iniciar la construcción de grupos nucleares. El coste de construcción es tan elevado que resulta disuasorio para cualquier plan empresarial, y el periodo de construcción es superior al de cualquier otra planta eléctrica, lo que eleva los costes financieros. Con el esquema actual de tarifas, para las empresas eléctricas la energía nuclear no sería hoy un buen negocio. Es decir, que aunque el Gobierno levantara mañana la moratoria, para que las nucleares fuesen rentables sería necesario variar el marco de tarifas, regresar al pasado e instaurar uno similar al de finales de la década de los setenta, que permitió el desarrollo del programa nuclear español con los deplorables resultados conocidos. Ese retorno al sistema de reconocimiento de costes en tarifa, sean cuales sean, constituiría una regresión política y un expolio al usuario a través del recibo de la luz.

Hoy por hoy, las energías renovables representan una fracción pequeña de la energía primaria generada y las que tienen mayor presencia son la hidroeléctrica y la eólica, ambas con problemas ambientales. La energía es uno de los factores de progreso y bienestar básicos en cualquier sociedad. Los países más pobres son también extremadamente deficitarios en sus disponibilidades de energía y es legítimo que aspiren a aumentar el bienestar de sus poblaciones, lo que llevará inevitablemente a un aumento de la demanda. Cuando culmine el ciclo de las actuales centrales nucleares y empiecen a surgir dificultades en el aprovisionamiento de petróleo o gas, tendremos que habernos preparado, conceptual y tecnológicamente, para afrontar las decisiones energéticas que haya que tomar.