El impacto de la reforma del paro se extiende a los despedidos y los jornaleros del campo

La reforma del desempleo elaborada por el Gobierno tiene su mayor impacto en tres colectivos: los parados que reciben prestación, los despedidos con fallo judicial improcedente y los jornaleros del campo de Andalucía y Extremadura por la desaparición paulatina del PER. Las medidas que les afectan son las que han tenido un mayor rechazo de los sindicatos, que las consideran un recorte de derechos. Pese a las discrepancias entre las centrales y el Ejecutivo, la intención de Trabajo es proseguir el diálogo. La próxima semana les convocará de nuevo para que presenten alternativas y no se limiten a las críticas.

El documento, titulado Medidas de reforma de la protección del desempleo y de la Ley Básica de Empleo, persigue, a juicio del Gobierno, incentivar la búsqueda de un puesto de trabajo, pero va más allá, ya que endurece las condiciones que se exigirán a los parados para mantener su prestación y reduce los costes del despido para las empresas. Las medidas con más rechazo sindical y con un mayor impacto en número de afectados son:

Eliminación de los salarios de tramitación. Su desaparición afecta a los trabajadores despedidos que recurren a los jueces para que determinen si la rescisión de su contrato es improcedente. Se trata de una antigua demanda de los empresarios por el coste que les supone seguir abonando los salarios mientras se produce el fallo judicial. Ahora las empresas están obligadas a pagar al trabajador durante 60 días y, si la sentencia se retrasa (la media está en cuatro meses), el periodo restante lo abona el Estado, que asume la responsabilidad por la demora de la justicia. La anulación de ambos pagos ahorra dinero a las empresas y a la Administración, en una cantidad que el año pasado supuso 80.000 millones de pesetas para cada parte, según cálculos de los sindicatos.

Ayudas al despedido. Esa merma de ingresos para los trabajadores con despido improcedente tendrá impacto en un colectivo que en los últimos cinco años ha oscilado entre 100.000 y 200.000 personas. Como compensación por la pérdida de los salarios de tramitación, la prestación de paro entrará en vigor desde el día siguiente al que se produce el despido para quienes hayan cotizado más de doce meses, ya que un contrato menor no da derecho a cobertura.

Oferta adecuada. La reforma modifica las condiciones que se exigen a los parados para mantener su prestación. La consideración de qué es una oferta 'adecuada' de empleo, que ahora corresponde al parado, pasará a ser decidida por los servicios públicos de empleo. El Gobierno redefine ese concepto y, además de la profesión habitual como ahora, lo extiende a cualquier otra profesión que se ajuste a las aptitudes físicas y formativas del trabajador; en contrato indefinido o temporal, a tiempo completo o parcial; con un salario que puede ser inferior a la prestación de paro; y situado en un radio inferior a 50 kilómetros de la residencia y/o no superior a tres horas de desplazamiento, y con un gasto que no llegue al 20% del salario.

Retirada de la prestación. La no aceptación de esas ofertas consideradas 'adecuadas' conllevará la retirada de la prestación por tres meses; el segundo rechazo, por seis meses, y el tercero, la pérdida total del derecho. El colectivo potencial para aplicar esos criterios son los 900.000 parados con ayudas, que estarán obligados a aceptar prácticamente cualquier oferta que les hagan los servicios de empleo. Según reconoce la Administración, el Inem recibe una parte muy pequeña de las ofertas de empleo (el 15%), y con condiciones y salarios muy precarios, ya que las empresas recurren a otras vías para encontrar nuevos trabajadores.

Desaparición paulatina del PER. El régimen especial agrario vigente en Andalucía y Extremadura no admitirá nuevas incorporaciones ni a los jornaleros que no hayan sido beneficiarios en los tres años anteriores, ni a los sancionados, lo que supone la desaparición paulatina del PER. Ese sistema tiene 230.000 beneficiarios, los que han acreditado 35 peonadas en un año, y reciben una prestación de seis meses, que en total supone 4.724 euros brutos para los mayores de 60 años y 2.363 euros para menores de 52 años.

Nuevo sistema contributivo. Junto a la desaparición paulatina del PER se creará un sistema contributivo al que se irán incorporando en un periodo transitorio los eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura que queden fuera del PER, además de los jornaleros del resto de España (200.000 personas). Ese colectivo debe empezar a cotizar por desempleo y accederá a la cobertura si reúne un año de cuotas en los seis años anteriores, unas condiciones muy difíciles de alcanzar a juicio de las centrales.