La indemnización pendiente

'Nuestra preocupación es la prisa que tenemos. Hay gente que está muriendo y no podrá cobrar'. Guillermo Pérez, presidente de la asociación de Veteranos del Ejército de la República en la Comunidad no entiende el retraso del Consell en tramitar las ayudas que la asociación ha solicitado, con el apoyo de Esquerra Unida y el PSPV, para los combatientes que no se beneficiaron de las indemnizaciones estatales de los años 1990 y 1992. Pérez, de 89 años, fue teniente de artillería, como el tesorero de la asociación, Rafael Pellicer, de 86 años, mientras que el vicepresidente, José Soler, de 87 años, combatió como teniente de infantería. De los tres ha partido una medida: indemnizar a los compañeros que se quedaron sin poder cobrar de las ayudas estatales de hace una década, que ha acabado en las Cortes. En un principio relatan que se pusieron en contacto con el Consell para que partiera de esta institución la iniciativa, pero ante la falta de eco que recogieron, optaron por dirigirse a los partidos de la oposición. A través de ellos llegó la propuesta a las Cortes. Se trataba de ampliar la cobertura de las ayudas estatales. Éstas solo se otorgaron a aquellos soldados que pudieron justificar que sufrieron la cárcel, los campos de concentración o los batallones de castigo durante un mínimo de tres años y que tuvieran por entonces los 65 años cumplidos.

Los tres miembros de la directiva cumplían con estas condiciones, pero muchos compañeros no llegaron a los tres años de cautiverio y se quedaron fuera. Para corregir esta situación se pusieron en marcha medidas destinadas a complementar las ayudas estatales que se incluyeron en la ley de los presupuestos del estado de los años 1990 y 1992, y ayudar a quienes no llegaron a estar tres años presos. De esta forma la oposición presentó en Cortes una proposición no de ley y en mayo del año pasado se aprobó el texto en el que se solicitaba un estudio sobre el número de valencianos afectados con carácter de urgencia y que se debía de realizar antes de que acabara el mismo año.

Éste es uno de los problemas que alegan los miembros de la asociación. A punto de comenzar el mes de mayo, aún no se ha realizado este estudio. Pero además, critican la visión reduccionista de las medidas del Consell. Hace dos semanas, el consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, anunció que el Consell había aprobado la elaboración de un censo de personas encarceladas 'por actos de intencionalidad política' que no estuvieron incluidos en las previsiones de las leyes de 1990 y 1992. El censo, según Cepeda, tiene por objeto 'habilitar los cauces adecuados para que se pueda averiguar con el máximo rigor y certeza posible las personas que podrían beneficiarse de estas indemnizaciones' y en él se podrán acoger quienes acrediten tener cumplidos 65 años el 31 de diciembre de 2000, ser valencianos, y 'haber sufrido penas privativas de libertad en un plazo superior a tres años'.

Esta interpretación choca frontalmente con los planteamientos de los miembros de la asociación, ya que la medida nació con la intención de amparar a las víctimas de cautiverio que no alcanzaron los tres años. Pero, como critica la junta directiva, la opción tomada por el Consell es contrario al resto de las medidas similares emprendidas por otras autonomías. Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Madrid o Navarra ya han puesto en marcha el censo para que se acojan los posibles afectados.

Pérez insiste en que la medida afecte a los encarcelados durante un periodo de tiempo inferior a los tres años y que se active ya para que se pueda beneficiar el mayor número de personas en vida.