Un hijo de Pujol hizo de consultor en la mayor privatización de la Generalitat

La consultora Europraxis, de la que es fundador, consejero y ex accionista Josep Pujol, hijo del presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, recomendó a Uni 2 (France Télécom) que acudiera al concurso mediante el cual la Generalitat privatizó en 1999 la empresa Catalana de Telecomunicaciones, conocida hoy por su marca comercial Al-Pi. Uni 2 obtuvo, frente a otros competidores, la adjudicación del 65% de Al-Pi, después de pagar 49,38 millones de euros (8.216 millones de pesetas), cuatro veces más que el precio de salida fijado en el concurso.

Fuentes del sector confirmaron ayer que Europraxis 'asesoró' a Uni 2 en la privatización de Catalana de Telecomunicacions, una de las unidades de negocio en las que se ha troceado el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat tras la liberalización del sector. Junto a la venta del operador de infraestructuras de telecomunicaciones Tradia (otro trozo de ese centro), que cayó en manos de Acesa por adjudicación directa, la privatización del Centro de Telecomunicaciones es la mayor de la Generalitat.

Un portavoz de Europraxis negó ayer cualquier 'asesoramiento' y matizó que su intervención en el proceso se limitó a 'realizar un estudio previo al concurso para mejorar la competitividad de Uni 2 en telefonía fija en Cataluña, y a recomendarle que acudiera a la privatización', entre otras cosas por 'el potencial de clientes que podría reportarle ganar el concurso'. Los principales asesores de Uni 2 (filial española de France Télécom), en la operación fueron Gemini y Monitor Company, y la que asesoró en las bases del concurso fue la firma Doxa.

Cuando se realizó el estudio, por el que Europraxis cobró cerca de 360.000 euros (casi 60 millones de pesetas), Josep Pujol Ferrusola no era accionista, pero sí el principal estratega de la firma, que fundó en 1994, como destacan fuentes de la propia compañía.

El precio más alto

El precio de salida en el concurso era de 12,6 millones de euros. Las otras empresas que, junto a Uni 2, pujaron por la hoy conocida comercialmente como Al-Pi, fueron GTS (ofreció 35,15 millones de euros), Corecomm Spain (25,3 millones), Worldport (23,44 millones) y Cable i Televisió de Catalunya (hoy Menta, 14,5 millones). Uni 2 pagó por el 65% de Al-Pi 49,38 millones de euros. Tras ganar el concurso, Uni 2 aumentó su control al 75% de Al-Pi, con lo que el desembolso total ha sido de 78,13 millones de euros. El otro 25% sigue en manos de la Generalitat.

El Gobierno catalán lleva dos años insistiendo en que venderá en cuanto pueda casi todo su paquete accionarial a un 'socio catalán'. Pero la Generalitat anunció la semana pasada el aplazamiento de la venta para ayudar a consolidar la compañía, que ofrece servicios al mercado empresarial catalán. Este año espera cerrar el ejercicio con pérdidas operativas de 6 millones de euros y una deuda de 48 millones.

Otros contratos

Con esta privatización, el Gobierno de Jordi Pujol aspiraba a crear un operador de telecomunicaciones privado catalán, a imagen de la Euskaltel vasca. Durante esta etapa de colaboración con France Télécom, Al-Pi ha otorgado dos contratos de consultoría a Europraxis, valorados en 240.000 euros.

La apuesta del Ejecutivo catalán por France Télécom como socio estratégico se produjo en paralelo a su alejamiento de Retevisión, que antes había sido su aliado. Retevisión (hoy en el Grupo Auna) tiene su sede social y operativa en Barcelona, en lo que medios políticos y del sector de las telecomunicaciones consideraron una compensación de Endesa (accionista de Retevisión) por la pérdida de la sede de Fecsa-Enher por Cataluña. La creación de Auna, dirigida desde Madrid, enfrió al Gobierno de Pujol.

Pero la historia se repite: la Generalitat también se distanció de France Télécom. Al-Pi le correspondía conectar con banda ancha los hospitales y escuelas dependientes de la Administración catalana. Al cabo, el Gobierno de Pujol le retiró la doble tarea y, por concurso, se la adjudicó a Telefónica.