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EL DEBATE SOBRE LA ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA

Más de 400 detenidos de ETA ocupaban cargos en Herri Batasuna

El partido perdería con la ilegalización 1.000 representantes electos y 49 ayuntamientos

Las fuerzas de seguridad están convencidas de que Batasuna (antes Herri Batasuna) es igual a ETA, y que sus militantes desempeñan la función de políticos o de colaboradores, armados o no, de la organización terrorista, según convenga en cada momento.

Muchos detenidos por pasar información a la banda fueron candidatos a ediles en sus pueblos
Jon Salaberria fue condenado a un año de cárcel en 1997 por destrozar un comercio
'En Batasuna, si discutes algo te dicen traidor, que si eres un chivato, y 'cuidadito'
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La lista ocupa 19 folios: desde 1978 hasta ahora, las fuerzas de seguridad han detenido a 442 personas acusadas de pertenecer a ETA que además tenían, habían tenido o tuvieron después un cargo en Herri Batasuna o en la coalición electoral Euskal Herritarrok, según fuentes de la lucha antiterrorista. Algunos de ellos -como los parlamentarios vascos Arnaldo Otegi y José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera- llegaron a la política después de empuñar las armas o formar parte de la dirección de ETA, ser detenidos y cumplir su condena. Otros hicieron idéntico recorrido pero en sentido contrario. Son los casos recientes de Iñaki Lizundia Álvarez y Asier Altuna Epelde.

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Lizundia fue en 1991 concejal en Ortuella (Vizcaya). Tres años más tarde lo detuvieron por colaboración con ETA y después pasó a Francia, donde la juez Laurence Le Vert lo acusa de haber intentado asesinar -en diciembre de 2001- al gendarme que le perseguía y que finalmente lo detuvo en las cercanías de Auch. El caso de Asier Altuna es distinto. La policía lo apresó el 17 de octubre pasado, cuando todavía era concejal y hacía las funciones de portavoz de Batasuna en el Ayuntamiento de Azkoitia (Guipúzcoa). Altuna ocultaba en el garaje de su casa un coche Ford Fiesta recién robado que, según la policía, iba a ser convertido en coche bomba 'de forma inminente'. En aquella ocasión, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, declaró: 'Hay cargos electos de Batasuna que asesinan'.

De los 442 detenidos, no todos han sido condenados. Hay también militantes de HB que, después de ser apresados por los cuerpos de policía españoles o franceses, quedaron en libertad sin cargos o fueron absueltos de los delitos que se les achacaban. Otro dato que llama la atención es que muchos de los detenidos -generalmente por pasar información a ETA sobre posibles víctimas- eran o habían sido candidatos a concejales de su pueblo, pequeñas localidades de Guipúzcoa o Vizcaya donde todo el mundo se conoce. Es por eso que, de forma cada vez más frecuente y numerosa, vecinos de esos lugares acuden a los plenos municipales tras cada asesinato. Allí, a cara descubierta y jugándose el tipo, acusan a los concejales de Batasuna -que nunca condenan los atentados- de cómplices y de chivatos.

A instancias de Interior, los gabinetes de análisis de la policía y de la Guardia Civil han elaborado varios documentos en los que se pretende demostrar que ETA y HB -ahora Batasuna- son la misma cosa. El Gobierno busca con eso que, cuando se produzca la ilegalización, ni al resto de los países de la UE ni a la opinión pública española les quepa ninguna duda a ese respecto. De ahí que, por ejemplo, los partes policiales que se emiten tras la desarticulación de un comando suelen resaltar si alguno de los detenidos pertenece a HB o fue miembro de Jarrai o Haika, las organizaciones juveniles ilegalizadas sucesivamente por el juez Baltasar Garzón y que ahora actúan bajo el nombre de Segi.

Lejos de intentar negar la conexión con ETA, los dirigentes de Batasuna parecen haber optado últimamente por apoyar la tesis gubernamental. Hace sólo unos días -durante la celebración en el sur de Francia del Aberri Eguna (día de la patria vasca)-, el propio Arnaldo Otegi vitoreó en público el nombre de la organización terrorista ('Gora Euskadi ta Askatasuna' y, el viernes pasado, desde la tribuna del Parlamento vasco, el diputado Jon Salaberria dijo alto y claro: 'La lucha armada de ETA responde a los defensa de los derechos legítimos que tiene el pueblo vasco'.

Salaberria, precisamente, puede ser un ejemplo de otro tipo de pluriempleo. Aunque nunca fue detenido por su presunta pertenencia a ETA -y por tanto no se puede contabilizar entre los 442 citados-, en 1997 resultó condenado a un año de prisión por destrozar un comercio y quemar contenedores en Ordizia. No parece pues que los antecedentes violentos sean un impedimento, sino más bien todo lo contrario, para acceder a un buen puesto en Batasuna. De hecho, seis de los 32 miembros de la actual Mesa Nacional -una quinta parte- también fueron arrestados o condenados por su relación con ETA.

Aunque en realidad nada es demasiado nuevo -ya hace muchos años que Jon Idigoras dijo en público aquello de que 'votar a HB es votar a ETA'- , lo que sí se puede constatar ahora, y quizás por primera vez, es que la dureza de los actuales dirigentes de Batasuna está empezando a disgustar a su parroquia. No en vano, de unos meses a esta parte, cuatro de las organizaciones que participaron en el proceso Batasuna para la refundación de la izquierda abertzale (patriota) ya han abandonado a sus antiguos colegas de Herri Batasuna. Se fueron yendo Aralar (la corriente crítica que lidera Patxi Zabaleta), Zutik (los troskistas) y Batzarre (municipalistas navarros). También dimitieron al menos nueve de sus concejales, disgustados por la ruptura de la tregua y por la ofensiva sangrienta de ETA. De igual forma, se ha sabido que hay alcaldes de Batasuna que no volverán a presentarse si ETA sigue matando. La izquierda abertzale, hoy por hoy, tiene menos votos y está peor vista que nunca.

Buena parte de todo esto arranca en 1997, un año terrible para ellos. La liberación de Ortega Lara, que permitió ver hasta qué punto ETA era capaz de torturar, y el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco provocaron una reacción nunca vista de la sociedad contra ellos. Luego llegaron los meses de tregua -entre 1998 y 1999-, que les permitió respirar y aun levantar cabeza, pero el fin del alto el fuego por parte de ETA los sometió a un examen definitivo: tenían que decidirse por las pistolas o por la política. Arnaldo Otegi, en quien los bien pensados creyeron ver a un Gerry Adams, prefirió no plantar cara a sus antiguos compañeros, justificó de nuevo la lucha armada y defraudó con ello a un buen número de propios y extraños. A partir de entonces, Batasuna, que significa unidad, representa todo lo contrario.

Los últimos en separarse han sido los franceses de Abertzaleen Batasuna. Un comunicado reciente de ETA llama 'traidores' a todos los que optaron por apartarse de su camino y, viniendo de quien viene el aviso, no es de extrañar que el miedo -ese aliado indispensable del terrorismo-, esté empezando a visitar ahora barrios insospechados:

-Hombre, de momento no hemos tenido ninguna amenaza, pero ya veremos... porque los ataques verbales son muy fuertes. Esperemos que no lleguen a cosas inaceptables.

Quien así habla en Bayona, al sur de Francia, no es ningún concejal socialista o del PP, empresario, juez o periodista, acostumbrados desde hace años a convivir con el sobresalto. Quien así se expresa es de izquierdas, nacionalista y quiere, como Batasuna y como ETA, la independencia de Euskal Herria. Pero a Richard Irazusta, portavoz de Abertzaleen Batasuna, no le entra en la cabeza que, para conseguir la independencia, haya que ir por ahí matando a concejales, y de ahí surgen sus problemas:

-Y yo se lo digo a ellos. No os entiendo, de verdad que no os entiendo; acabáis de decir que todas las opciones son válidas en Euskadi [se refiere a un documento de Batasuna publicado en enero], pero luego, si otros asesinan a un concejal, no sois capaces de decir que eso está mal.

Según a quien se lo diga, Irazusta recibe una contestación u otra, pero hay quien le ha llegado a decir que sus argumentos se empiezan a parecer a los del juez Garzón o a los del propio Aznar.

Ante tal desbandada, los más duros de la dirección de Batasuna han optado por la presión hacia su propia gente. 'Está empezando a haber cierto miedo', dice un simpatizante radical que empieza a pensar por sí mismo y que por eso habla con este periódico, vetado desde hace años por la dirección de HB. 'Es mentira que haya democracia en Batasuna', añade, 'se lo tienen montado para que no haya. Para votar se adopta el sistema de asamblea popular, que parece democrático pero no lo es, porque de pronto aparece para votar gente que no has visto nunca y, además, como es a mano alzada, a ver quién es el listo que se opone a la teoría oficial. Están poniéndose muy bordes; si discutes algo te dicen traidor, y que a ver si vas a ser un chivato. Para los que hemos estado toda la vida aquí, no hay muchos sitios adonde ir'.

No se refiere a una cuestión política. La izquierda abertzale no es un partido político convencional, sino una organización creada para la adhesión de sectores. Se trata de una especie de sociedad paralela formada por los familiares de los presos y de los fugados, viejos terroristas en la retaguardia, nacionalistas descolgados del PNV, grupos de la pequeña y media burguesía que desconfían de los partidos, desarraigados, radicales no nacionalistas a quienes entusiasma el discurso de Batasuna y el poder fáctico de ETA, hijos de inmigrantes que buscan su admisión en el entorno superando si hace falta la prueba de sangre...

Se puede nacer en una familia abertzale y ser bautizado por un cura radical de Eliza Herria 2000, ir a una escuela (ikastola) privada controlada por un profesorado afín y celebrar la adolescencia afiliándose a la organización radical Segi. Para leer un periódico tienen Gara; para afiliarse a un sindicato, LAB; y se divierten y organizan en su propia red de bares, las herriko tabernas, donde suena su propia música y están colgados los retratos de los presos. Tienen grupos ecologistas, feministas, antimilitaristas...; cientos de locales, empresas editoriales propias y están atentos -sin duda más que cualquier partido político- a los nuevos movimientos sociales.

De lo que no tienen ninguna duda es de que la ilegalización, de producirse, les causará graves trastornos económicos, aunque quizás también un buen argumento para reagrupar a su gente desmotivada. Se calcula que Batasuna perdería 1.000 cargos públicos entre el País Vasco y Navarra, el control directo de 49 municipios y la gestión de unos 191 millones de euros (32.000 millones de pesetas).

'Lo que sí creo', dice alguien muy próximo a Batasuna, 'es que les ha cogido de sorpresa. No esperaban que todo fuera tan rápido y no creo que piensen en la clandestinidad. Esperarán a ver cómo viene la marea'. Lo que sí están haciendo es trasladar sus archivos más delicados a la ciudad francesa de Bayona.

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