Cardenal estudia si un diputado de Batasuna delinquió al justificar a ETA en el Parlamento

El fiscal general del Estado estudia si cabe emprender acciones legales contra el parlamentario y dirigente de Batasuna Jon Salaberria por justificar la actividad terrorista de ETA en una intervención, ayer, en la Cámara vasca. Salaberria, procesado por la Audiencia Nacional en el caso Ekin, afirmó en un debate que 'la lucha armada de ETA no responde a la voluntad de imponer ideas, sino a la defensa de los derechos legítimos del pueblo vasco'. Los partidos no nacionalistas instaron a la Fiscalía a actuar, mientras Batasuna sostiene que su diputado está protegido por la inmunidad parlamentaria.

La reivindición por Salaberria de la 'lucha armada' de ETA llega en pleno debate sobre la posible ilegalización de Batasuna mediante la nueva Ley de Partidos y cuando la Fiscalía General del Estado se ha querellado contra el portavoz de esa organización, Arnaldo Otegi, por dar vivas a ETA ('Gora Euskadi ta Askatasuna') en un acto político celebrado el 31 de marzo en San Juan de Luz (Francia).

El diputado guipuzcoano, antiguo dirigente de Jarrai, hizo esa justificación de la violencia etarra en el debate de una iniciativa sobre la supresión del delito de insumisión. Concretamente, durante la respuesta a los reproches que le lanzaron los portavoces de los demás grupos por reclamar la desmilitarización pero negarse a condenar las acciones de una organización que se reclama 'militar'. Previamente, había hablado de 'ocupación militar de Euskal Herria' por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de 'torturas practicadas', en medio de murmullos y gestos de desaprobación de los parlamentarios populares y socialistas, acallados por el presidente del Parlamento, Juan María Atutxa. Tras el debate, el portavoz del PP, Leopoldo Barreda, compareció ante los medios informativos para calificar de 'extraordinariamente graves' las palabras pronunciadas por Salaberria, porque, a su juicio, 'suponen una plena legitimación de las acciones de ETA contra la ciudadanía vasca'. Barreda añadió que la inviolabilidad parlamentaria no supone 'barra libre', e instó a la Fiscalía a que estudie si estas declaraciones son constitutivas de delito, como anunció que va a hacer su partido en cuanto disponga de la transcripción de las palabras de Salaberria.

El portavoz socialista, Rodolfo Ares, consideró igualmente la intervención de Salaberria como 'un insulto intolerable a la sociedad y a las víctimas del terrorismo'. Añadió que estas manifestaciones 'despejan las escasas dudas que pudiera haber sobre la complicidad directa de Batasuna con ETA', al tiempo que censuró al presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, por no haber llamado al orden a Salaberria, aunque sólo fuera porque se había salido del asunto a debatir.

'Amparo constitucional'

Tras conocer este episodio, la Fiscalía General del Estado anunció que va a estudiar si cabe presentar una querella criminal contra el parlamentario de Batasuna por exaltación del terrorismo. Tanto la diputada de ese grupo Jone Goirizelaia como el abogado y ex parlamentario de EH Íñigo Iruin sostuvieron que no cabe actuar contra Salaberria porque está amparado por el principio constitucional de la inviolabilidad de los parlamentarios 'por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones'. El artículo 71 de la Constitución establece que 'los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones'.

Las fuentes jurídicas consultadas manifestaron opiniones discrepantes sobre la cuestión. Un experto estimó que la inmunidad no cubre cualquier manifestación que se haga, pero apuntó que no existe una jurisprudencia clara sobre los límites de lo que Goirizelaia calificó de 'valoración política'. De cualquier manera, el caso de Salaberria y el de Otegi son radicalmente diferentes a efectos legales, ya que el primero realizó sus manifestaciones en una sesión parlamentaria, mientras que el segundo lo hizo en un acto de partido.

Salaberria, dirigente de la ilegalizada organización juvenil de HB, accedió a su escaño gracias a la renuncia de la compañera que le antecedía. Así se aseguró la condición de aforado, ya que se encuentra procesado como dirigente de Ekin, el grupo al que Baltasar Garzón acusa de codirigir con ETA las organizaciones de la izquierda radical.