La Ley de FP, un cambio sin visión de futuro
En estos últimos 50 años, la formación profesional ha sufrido una serie de transformaciones que, en algunos casos, han supuesto cambios de gran calado. En este artículo me voy a referir a las dos últimas, es decir, a la Ley General de Educación, de 1970, y a la LOGSE, de 1990.
La Ley General de Educación definía una formación profesional nueva, bien estructurada, con visión de futuro, y con aspectos muy innovadores, ya que situaba tres niveles, la FP1 y FP2 como un itinerario posterior a la EGB y al BUP, y la FP3 como salida corta tras el primer ciclo de la universidad. Además, incluía en el currículo la posibilidad de hacer prácticas en empresas, algo que ya entonces se consideraba fundamental para el desarrollo formativo del alumnado.
El problema, como casi siempre, surgió con el desarrollo de esa ley. En 1974 se publicó un decreto que, aunque teóricamente pretendía ordenar y desarrollar lo dispuesto en la Ley General de Educación, en realidad lo único que consiguió fue desarticular y diluir todas las nuevas innovaciones. Haciendo más de lo mismo, consumando una oportunidad perdida, la FP1 se convirtió en un nivel educativo para alumnos excluidos del sistema, la FP2 profesionalizaba sin implantaran unas prácticas en empresa bien estructuradas, y la FP3 ni siquiera se puso en marcha.
Con la LOGSE, la formación profesional volvió a tener la posibilidad de dar un cambio drástico, absolutamente necesario, que cambiara esa imagen de estudios alternativos para gente que no puede cursar el bachillerato, y que ajustara la formación a las necesidades reales de los sistemas productivos. La LOGSE, oportunamente, planteó una nueva concepción y ordenación tanto de la profesionalidad del alumnado como de la propia FP. De acreditar formación, se paso a acreditar competencia profesional, término que se ha convertido en un referente para las formaciones profesionales de los países más avanzados de la Unión Europea.
Cuando transcurrido un tiempo se propone redactar y aprobar una nueva ley, se supone que se hace porque existe necesidad de ello. Los cambios que se están produciendo en la economía, en las nuevas y renovadas tecnologías y en la sociedad en general, así como la evolución que están teniendo los sectores productivos para dar respuesta a esos cambios, hacen que la formación profesional necesite adecuarse, estructurarse y organizarse de una manera más flexible.
En la Unión Europea países como el Reino Unido, Irlanda, Holanda y Finlandia han diseñado un nuevo modelo de formación profesional flexible, adaptado a las necesidades actuales y amparado en leyes recientes, avanzadas en su concepción, participativas y descentralizadas. Concretamente, en el caso del Reino Unido, a través de diferentes normas reguladoras han configurado uno de los modelos más flexibles, descentralizados y avanzados de Europa.
En el País Vasco, buscando y trabajando una evolución y desarrollo paralelo al de la FP europea, llevamos años verificando de manera clara y precisa el buen funcionamiento de todo el sistema, llevamos años aplicando medidas que hacen posible que nuestra formación profesional eduque integralmente y responda con garantías y calidad a las necesidades de las empresas.
Hemos conseguido prestigiar socialmente la FP, hemos integrado los tres subsistemas de formación profesional en un modelo con un único referente profesional, aseguramos calidad y excelencia en cuanto a actualización y especialización tanto de la formación inicial, como de la formación continua. Desde las instituciones vascas y gracias a la profesionalidad, a la confianza y al esfuerzo de un profesorado altamente competente e ilusionado por las mejoras y la innovación, hemos creado una red de centros integrales en los que se imparten acciones formativas de toda la formación profesional.
Ésta es nuestra realidad, sin embargo, entendemos que en estos momentos todo apunta a que es necesaria una nueva Ley de Formación Profesional que desarrolle campos que se preveían en la LOGSE y que no se han desarrollado. Una nueva ley que, desde el ingenio y siempre mirando al progreso, establezca medidas que nos permitan adaptarnos a los trepidantes cambios que se están produciendo en la sociedad actual.
Sin embargo, una vez más y desgraciadamente, la historia se repite en cuanto a oportunidades perdidas. El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación, corto en sus planteamientos e insuficiente en su fondo plantea modernizar desde planteamientos que se han quedado viejos, que ya están superados. La propuesta del PP representa un cambio sin mejora para este ámbito de la educación, la FP, tan sensible a las necesidades de cada momento, tan necesitado de constante adaptación y puesta al día.
Esta Ley de FP no servirá de cara al futuro, no es una buena ley porque no apuesta por el futuro, no mira hacia adelante y se vuelve a anclar en conceptos antiguos, en una especie de 'más de lo mismo' buscando innovación sólo en las denominaciones, pero no en los planteamientos. El Gobierno del Estado con esta ley no se atreve a asumir los cambios que el sistema educativo necesita para avanzar en sintonía con Europa, cambios imprescindibles a la hora de modificar estructuras y conceptos desfasados e ineludibles a la hora de concebir una formación profesional con visión de futuro.
Además, el respeto al escenario político actual, el respeto a las reglas de juego que democráticamente nos hemos dado, obliga al PP a potenciar el trabajo conjunto, de colaboración y cooperación con Gobiernos autonómicos que, desde el matiz y la experiencia, tanto podemos aportar. Si esto no es así, si se persiste en el texto, repetiremos el fracaso que se produjo con la Ley General de Educación de 1970 y perderemos la oportunidad de situar a la FP en el lugar estratégico que le corresponde.
La formación profesional debe consolidarse como una alternativa de formación que armonice las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en general. La Ley de Formación Profesional no representa ninguna ayuda, no será útil en el diseño de un nuevo marco de relación entre los sistemas formativos y productivos cuyas repercusiones en el mercado laboral y en la gestión de recursos humanos no han hecho sino esbozarse en el horizonte de este siglo.
Anjeles Iztueta es la consejera de Educación del País Vasco.
