Al límite
La resolución del Tribunal Supremo de Argentina, que declara inconstitucionales -'aniquilan el derecho a la propiedad privada'- las restricciones impuestas el pasado 2 de diciembre por el Gobierno de De la Rúa sobre la libre disposición de los depósitos bancarios (los denominados corralitos financieros), abre una nueva fase en la ya complicada crisis que sufre aquel país. La resolución sitúa al Gobierno y al sistema bancario en una situación límite. Su cumplimiento estricto sería materialmente imposible: ni los bancos ni el Gobierno disponen de los más de 65.000 millones de dólares que sumaban los depósitos privados el 2 de diciembre.
La primera reacción del Gobierno ha sido ganar tiempo: decretar festivos para las operaciones bancarias y cambiarias los primeros días de la próxima semana, hasta tanto encuentran una salida. El enfrentamiento abierto con la judicatura, además de reducir el escaso margen de maniobra del Gobierno, agrava la situación política, aproximándola a desenlaces incompatibles con la normalidad democrática que refleja la aparente autonomía de la Corte Suprema. La irritación social es difícil de contener si no es mediante una completa apertura del corralito. El tipo de cambio al que han de convertirse a pesos las diferentes modalidades de depósito y el ritmo al que se lleven a cabo, son decisiones ahora muy relevantes, pero nada sencillas.
La presunción de que la completa flotación del peso le llevaría a niveles muy por debajo del tipo oficial, de 1,40 pesos por dólar, está reforzando esa avidez por dólares, de muy difícil contención en las actuales circunstancias; en el mercado libre, el dólar cotizaba el viernes a más de dos pesos. Una apertura ordenada del corralito, pero más rápida de la prevista por el Gobierno, exigiría una significativa inyección de dólares en el sistema bancario cuya única fuente puede ser externa. Ni los bancos locales ni el Gobierno disponen de acceso al crédito internacional y los bancos extranjeros parecen más preocupados por una retirada ordenada que en ampliar su base de capital en Argentina.
La única salida sería el apoyo de las instituciones internacionales: el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya estaban negociando con las autoridades argentinas un paquete de emergencia, aunque muy limitado (de unos 2.000 millones de dólares). Son comprensibles las reticencias a introducir más recursos financieros en un país que ha dilapidado ayudas y créditos, pero el abandono internacional situaría a ese país ante un escenario como el que presidió esa 'década perdida' de los ochenta: de más empobrecimiento y riesgo para las libertades políticas.
A España, a su Gobierno y a los principales inversores, les corresponde hacer lo posible para que el colapso de una de las principales economías del subcontinente americano no se presente estrechamente asociado a la huida de lo que hasta hace poco se consideraban los 'reconquistadores'. La legitimación de nuestra proyección política y económica en esa región exige ahora algo más que buenas intenciones o que la rápida y necesaria cobertura de riesgos que los bancos y las empresas españolas han llevado a cabo.
