La querella deja en el aire el juicio contra los 37 acusados por la Operación Temple
Una recusación al tribunal por parte de la Fiscalía podría obligar a suspender la vista
El próximo lunes empieza el macrojuicio contra los 37 acusados por la denominada Operación Temple, consistente en la introducción en España de 10 toneladas de cocaína en julio de 1999. Los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, contra los que se ha querellado la Fiscalía del Estado por la puesta en libertad bajo fianza de 30.050 euros (5 millones de pesetas) de uno de los acusados el presunto narco Carlos Santamaría, Carlos el Negro, son los integrantes del tribunal. La querella ha descolocado a la Audiencia Nacional y ha dejado el juicio en el aire.
Nadie quiere iniciar un juicio que tenga que repetirse después de llevar cuatro o cinco meses. Ni los magistrados, ni el fiscal, ni los abogados, ni los acusados. Pero la presentación de la querella contra los tres miembros que integran el tribunal hace que esa posibilidad se convierta en una probabilidad muy real.
La Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a suspender a los jueces y magistrados 'cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones'. Y eso ocurre cuando el Tribunal Supremo admite a trámite una querella contra ellos.
El tiempo juega en contra
Sin embargo, la querella está recién presentada y no parece probable que el Supremo vaya a admitirla antes del lunes, fecha del inicio del juicio. Y aunque lo hiciera, y remitiera la comunicación correspondiente al Consejo General del Poder Judicial, este organismo se tendría que reunir en pleno para acordar la suspensión de los magistrados.
Los tiempos en el Supremo suelen ir mucho más despacio. La querella contra el juez Javier Gómez de Liaño, por ejemplo, tardó más de cinco meses en admitirla a trámite.
Además el tribunal se puede inclinar por abrir sumario en lugar de procedimiento abreviado debido a la cuantía de las penas previstas para el delito de prevaricación, como hizo en el caso Liaño, por lo que sería necesario esperar al procesamiento de los tres jueces, para que el Consejo del Poder Judicial procediese a la suspensión de sus funciones.
La prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) está castigada con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de 10 a 20 años.
Distintas fuentes especulaban ayer en la Audiencia Nacional con la posibilidad de que la Fiscalía Antidroga presente una recusación nada más iniciarse la vista, para tratar de suspenderla. Sin embargo, la medida no fue confirmada por parte de la Fiscalía Antidroga, ni por la Fiscalía del Estado.
A la vista de la situación, lo más probable, según todos los magistrados consultados ayer por este periódico, es que el tribunal se constituya y trate de iniciar el juicio.
Por un lado, si los magistrados se abstuvieran estarían admitiendo su culpabilidad y ellos defienden la legalidad jurídica de su resolución. Por otro lado, si suspendieran la vista sin causa aparente incurrirían en delito de retraso malicioso en la administración de la justicia. El lunes, veremos.
Es el último capítulo de una historia que se inició hace 30 meses, cuando el juez Baltasar Garzón logró la declaración definitiva de un jefe gallego del narcotráfico, Manuel Vila Sieira, sobre el escondite de un enorme alijo de 4.000 kilos de cocaína.
Unos dias antes de aquel interrogatorio con respuestas precisas, agentes de policía y de aduanas habían abordado en alta mar un barco cargado con otras seis toneladas de cocaína. En la operación fueron detenidas 55 personas, de las que 37 se iban a sentar previsiblemente en el banquillo hasta que el supuesto cabecilla de toda la organización, Carlos Santamaria, Carlos el Negro, consiguió la excarcelación de la sección cuarta de la Audiencia Nacional el 22 de diciembre pasado y decidió fugarse, desatacando uno de los mayores escándalos judiciales en la historia de la Audiencia Nacional.
Carlos el Negro había intentado en varias ocasiones conseguir la libertad. Y los magistrados de la sección Cuarta se la habían denegado con el argumento del 'grave riesgo de fuga' del preso. Hasta el pasado 21 de diciembre, cuando los tres jueces decidieron dejarlo en libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas atendiendo a razones humanitarias por la enfermedad que padecía el preso, según el informe del médico psiquiatra de la cárcel de Valdemoro. La supuesta depresión de Carlos el Negro, que le inducía al suicidio, según el psiquiatra, fue considerada por los tres magistrados como un 'efecto neutralizador de la fuga'.
El fiscal pide para Carlos el Negro una condena de 60 años de cárcel y 67.000 millones de pesetas de multa.
Ningún precedente
La querella presentada ayer por el fiscal general del Estado contra los tres magistrados que pusieron en libertad al presunto narco Carlos el Negro es la primera que el fiscal presenta contra todo un tribunal en la historia judicial española.
El único precedente parecido fue la querella que presentó el fiscal Cándido Conde-Pumpido por cohecho y prevaricación contra los jueces Ricardo Varón Cobos y Jaime Rodríguez Hermida, tras la puesta en libertad del jefe de la Camorra Napolitana, Antonio Bardellino, Tonino. Los dos jueces fueron absueltos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aunque el Consejo General del Poder Judicial los expulsó de la carrera judicial. El Supremo, posteriormente, devolvió a Varón Cobos la condición de juez.
En el caso de los jueces Carlos Lorenzo-Penalva y Joaquín García Lavernia, la querella fue interpuesta por particulares, aunque el fiscal también formuló acusación y ambos jueces fueron condenados a penas de prisión.
En el caso de Luis Pascual Estevill, la querella también fue presentada por particulares y el Supremo condenó a penas de prisión.
Finalmente, en el caso más reciente, el de Javier Gómez de Liaño, el fiscal se opuso al procesamiento y pidió la absolución. El Supremo le condenó a la expulsión de la carrera por tres delitos de prevaricación.
