Argentina, en mal plan
El plan, incluso revisado, del nuevo presidente argentino, Eduardo Duhalde, no constituye una base adecuada para la necesaria normalización económica y política de ese país, que requiere medidas drásticas, pero no un cambio en las reglas del juego que espante a los inversores, nacionales o extranjeros. Las actuaciones dispuestas, algunas de ellas pendientes de su configuración definitiva, son medidas de emergencia, destinadas a sortear los serios peligros derivados del inevitable abandono del rígido régimen cambiario que ha estado vigente durante los últimos diez años. Pero algunas pueden resultar contraproducentes.
La paridad del peso con el dólar, además de dañar seriamente la competitividad de la economía argentina, había inducido cambios profundos en los comportamientos de los agentes económicos. Así, la presunción de que la paridad se mantendría llevó a que casi las tres cuartas partes del endeudamiento de las familias y empresas se hiciera en la moneda estadounidense, mientras que las nóminas de los empleados y la casi totalidad de los ingresos de las empresas seguían denominados en pesos. La devaluación, inicialmente en principio del orden del 40%, era la única salida. Pero, aunque se aplique un tipo de cambio popular más favorable a los préstamos de importe más reducido, llevará a numerosos impagos, con el consiguiente deterioro del sistema bancario y, es de esperar que de forma pasajera, la contracción adicional de la actividad económica.
Antes incluso de que se conociera la magnitud aproximada de la devaluación, los precios de productos importados han experimentado alzas significativas y hay escasez de productos farmacéuticos. La eficacia de los controles de precios propuestos por el Gobierno para vigilar la inflación es dudosa, pero además propiciará fácilmente nuevos privilegios y corruptelas.
Para paliar algunos de los efectos más adversos de la decisión devaluatoria, el Gobierno ha optado por acompañarla de un conjunto de medidas marcadamente proteccionistas, amparadas en un discurso de Duhalde nada conciliador con las entidades financieras y con las empresas de propiedad extranjera. Sin menoscabo de las implicaciones de esa retórica nacionalista, los controles y restricciones, la imposición fiscal sobre determinadas exportaciones -como el petróleo-, y la violación de determinados contratos o la dualidad de tipos de cambio establecida según la naturaleza de las operaciones, no facilitan la necesaria y rápida reinserción de la economía argentina en el contexto internacional y, además, favorecen la corrupción de una burocracia excesiva. Siguen vigentes, aunque algo atenuadas, las restricciones sobre la disposición de los depósitos en dólares de la población (el corralito), con la consiguiente irritación de los ahorradores. De la duración de esas cortapisas y tratamientos diferenciales va a depender la capacidad de atracción de capitales exteriores, el propio apoyo de las instituciones financieras multilaterales y, en definitiva, la tranquilidad social.
El clima no va a ser precisamente de cómoda comprensión por parte del FMI. El país que antaño fue absolutamente obediente con las líneas marcadas por el Fondo, adopta ahora guías propias del más rancio intervencionismo. El equipo de Duhalde ha de convencer de que este giro proteccionista es sólo una solución temporal, de emergencia. El compromiso de mantener el presupuesto federal equilibrado es la única decisión a la que el FMI puede mostrarse receptivo, pero, en ausencia de una reforma fiscal, cabe dudar de la capacidad para cumplir ese propósito. Argentina no dispone de una estructura tributaria propia de una economía moderna, y la mayoría de los ciudadanos rehúye el cumplimiento de sus mínimas obligaciones fiscales. Resulta llamativo que en la retórica del nuevo presidente quede ausente este punto esencial.
Las dificultades que surgieron ayer en la Cámara de Diputados para consensuar las medidas propuestas reflejan la precariedad de los apoyos políticos del nuevo Gobierno. Lejos de congregar un Ejecutivo de unidad nacional, Duhalde ni siquiera ha podido hacerlo con todas las familias del justicialismo (peronismo), que, en parte, se oponen a sus medidas. Las críticas a una delegación excesiva de poderes en el Gobierno coexisten con las que consideran insuficientes los controles adoptados. La sensación de interinidad política de este presidente no ha quedado disipada.
Las implicaciones sobre los intereses económicos españoles del nuevo talante con el que Duhalde ha afrontado la situación no son precisamente favorables. El impacto sobre las grandes empresas españolas inversoras en ese país puede ser limitado, a tenor de la naturaleza de sus actividades, del grado de diversificación existente o de las provisiones y coberturas ya adoptadas. Si toda Argentina ha de apretarse el cinturón, también deben hacerlo las empresas españolas allí presentes, aunque la situación no es la misma para las empresas instaladas con visos de continuidad, y que deben sortear este gran bache, que para las que tienen contratos concretos suscritos en dólares que han de cumplir ahora a cambio de pesos devaluados. El cambio en las reglas del juego que supone penalizar algunas exportaciones o desindizar algunas tarifas puede llevar a que el capital extranjero, y no sólo el español, rehúya aquel país cuando Argentina más lo necesita. En todo caso, el Gobierno de Aznar ha maniobrado mal. Piqué viajó a destiempo a Buenos Aires y no logró garantía alguna para los intereses españoles. Tampoco parece adecuado amenazar desde el Gobierno de Aznar con la salida de lo que es capital privado español, sino defender su posición y mantenimiento estratégico a largo plazo. Penalizar a las empresas extranjeras, y en particular españolas, responde a un populismo y a un nacionalismo que ignora las nuevas realidades de la globalización.
La situación creada en la tercera economía más importante de la región obliga a considerar los riesgos del conjunto. Cuando se creía superada en los noventa la adversidad de la anterior década perdida, puede suceder ahora un nuevo paréntesis, hasta que se dé una correspondencia entre las exigencias de esas economías y la calidad de su clase política y de sus instituciones públicas.
