Náufragos y tránsfugas del Sur
El Ayuntamiento malagueño de Estepona sirvió hace cuatro días de marco al caso mas reciente -no será el último- de transfuguismo municipal. La prohibición de ligar a los miembros de las Cortes Generales con mandatos electorales imperativos, establecida por el artículo 67.2 de la Constitución, y la posterior extensión jurisprudencial de esa interdicción a los Parlamentos autonómicos y los consistorios municipales fundamentan la legalidad de las fugas emprendidas -con armas, bagajes y escaños- por representantes elegidos dentro de las listas cerradas de un partido hacia los generosos brazos de la competencia. No todos los casos registrados -hasta 180- en el Congreso de 1977 a 1989 (hubo diputados inscritos sucesivamente en cinco grupos distintos) encajan en la categoría del transfuguismo; el abandono del escaño por discrepancias ideológicas o por hartazgo de la disciplina partidista se halla muy distante -cuando lleva aparejada la renuncia al acta- de los comportamientos cínicos adoptados por quienes toman los tratos mercantiles como modelo de sus cambalaches políticos para obtener la máxima renta posible.
Los cambios de pareja en los bailes autonómico y municipal han servido en ocasiones para nombrar presidentes regionales y alcaldes sin pasar previamente por las urnas: en su día el PSOE logró de esta manera conservar la Comunidad de Madrid y conquistar la presidencia en Galicia y Aragón. Las incertidumbres y turbulencias de la Administración local, integrada por mas de 8.000 municipios, movieron en julio de 1998 a todas las formaciones del arco parlamentario a firmar un Código de Conducta orientado a combatir el transfuguismo dentro de ese ámbito. Mientras que los partidos desalojados del poder por el frecuente incumplimiento de ese acuerdo -conculcado este año mas de 10 veces - se presentan como víctimas propiciatorias de una traición, los verdugos buscan eximentes a sus deslealtades; las rencillas personales y los intereses locales juegan a veces en esos conflictos un mayor papel que los enfrentamientos ideológicos y partidistas.
En el caso de Estepona opera, además, la variable enloquecida del Grupo Independiente Liberal (GIL), cuyas siglas representan el autohomenaje humorístico y provocador del alcalde de Marbella a su propia figura. Las ofertas demagógicas y populistas de Jesús Gil y Gil le permitieron en junio de 1999 no sólo conservar sus principales enclaves de votos en la Costa del Sol sino ampliar también su influencia a La Línea, Ronda, Ceuta y Melilla. Los precedentes de la politica urbanística del GIL en Marbella y Estepona, puesta al servicio de negocios privados de sospechoso origen, y las imputaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra su fundador justificaban sobradamente el temor a la expansión territorial de su poder municipal. El pacto anti-GIL suscrito por PP y PSOE permitió la formación de gobiernos municipales unitarios (por ejemplo, en Estepona) y contribuyó a la descomposición de ese sindicato de intereses burdamente disfrazado de partido que llegó incluso a gobernar Ceuta y Melilla.
Después de verle las orejas al lobo y de conseguir detener a tiempo el crecimiento del GIL (sólo cuenta hoy con 28 de los 93 concejales elegidos en 1999), los populares rompieron el acuerdo suscrito con los socialistas y se dedicaron a fichar a ediles tránsfugas. La victoriosa moción de censura contra el alcalde socialista presentada el sábado en Estepona por los cuatro concejales populares y siete de los nueve ediles del GIL se inscribe dentro de esa depredadora estrategia. El secretario general del PP, Javier Arenas (cada vez más parecido gestualmente a los actores que representaban el papel de malo en las películas españolas de la posguerra), amenaza con la interposición de querellas destinadas a frenar la crítica política y ahogar las informaciones periodísticas (una práctica adoptada también en el caso Gescartera) sobre sus rumoreados acuerdos con el alcalde Marbella para poner precio al botín electoral recibido; esas intimidaciones sólo valen para confirmar que los náufragos y los tránsfugas del GIL han sido acogidos en tierra sagrada por el PP como hijos pródigos.
