34.000 presos políticos del franquismo piden ser indemnizados por el Gobierno catalán

A finales de julio de 2000, la Generalitat aprobó un decreto por el cual los catalanes que sufrieron prisión por sus actividades antifranquistas podían percibir una indemnización económica. La norma tan sólo beneficia a los mayores de 65 años que estuvieron más de una semana en la cárcel, en un campo de concentración o en un batallón de guerra franquista y que no se hubieran acogido a las subvenciones otorgadas por el Gobierno socialista en 1990 o a la Ley de Amnistía de 1977. La cantidad se fija en 150.000 pesetas para aquellos que estuvieron encarcelados más de seis meses y 28.000 por cada mes adicional, hasta un máximo de un millón de pesetas de paga. El decreto también estipula que la indemnización pueda cobrarla el conyúge del ex preso si éste hubiera fallecido.

Previsiones cortas

Según anunció el entonces consejero de Presidencia, Joaquim Triadú, el Gobierno catalán preveía que unas 6.000 personas se acogerían al decreto, por lo que tan sólo fijó un presupuesto de 1.000 millones de pesetas. Pero tras finalizar el plazo de presentación de instancias, la Generalitat se ha encontrado con la sorpresa que las solicitudes se han disparado hasta las 34.000, cifra que ha roto todas las predicciones y que obligará al Ejecutivo catalán a incrementar la cuantía presupuestaria.

La Comisión de Valoración, presidida por el secretario general de la Presidencia, Carles Duarte, y encargada de examinar cada una de las peticiciones, ha aprobado hasta finales de julio un total de 2.500 expedientes que representan un desembolso de 800 millones de pesetas, el 80% del presupuesto inicial. En los próximos meses, el Ejecutivo catalán deberá ampliar este presupuesto, aunque todavía no dispone de cantidades aproximadas. 'No habrá ningún problema para ampliar el dinero', indicaron desde el Departamento de Presidencia.

Colapso en Guadalajara

Fuentes de la Generalitat informaron de que la avalancha de expedientes ha provocado un cierto retraso en su tramitación, a pesar de que la Generalitat ha destinado 37 personas exclusivamente para hacerse cargo de los trámites.

Esta situación se ha visto empeorada por el colapso que sufre la oficina de archivos militares de Guadalajara, responsable de certificar la mayoría de condenas, debido a que otras comunidades autonómas han iniciado procesos de indemnización similares al catalán. Para solventar este problema, la Generalitat contratará a estudiantes de Historia y los enviará a Guadalajara para acelerar la aprobación de certificados. 'La mayor parte de los casos están pendientes de certicicaciones que no dependen de nosotros', comentaron desde Presidencia.

Asimismo, añadieron las mismas fuentes, el proceso de verificación es bastante lento, ya que los datos se cotejan con el Ministerio de Economía para comprobar que los beneficiarios del Gobierno catalán no accedieron a otras ayudas estatales.

El actual decreto tan sólo beneficia a las personas que el año 2000 hubieran cumplido los 65 años. Debido a las protestas de diversos colectivos, el Gobierno prepara otro decreto que beneficiará a los ex presos que en la actualidad tienen menos de 65 y que podría afectar a unas 500 personas como máximo.

Entre las personas que cobrarán una indemnización se encuentra el propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, encarcelado durante 29 meses por la dictadura franquista a raíz de los Fets del Palau. Pujol percibirá unas 800.000 pesetas.