La crisis de Génova

Al admitir ayer ante el Parlamento que las fuerzas de orden público se excedieron contra los manifestantes en la cumbre del G-7, el jefe de la policía italiana ha señalado una obviedad. Si el comportamiento de los agentes hubiera sido profesional, no habrían sido destituidos tres altos responsables policiales, ni se hubiera votado la cabeza del ministro del Interior, ni abogados de media Europa estarían preparando, en nombre de maltratados, querellas contra el Gobierno italiano. Lo sucedido en Génova el mes pasado, y el descrédito exterior que ha acarreado al nuevo Gabinete, se ha convertido, bien a su pesar, en una crisis política para Silvio Berlusconi, llegado al poder precisamente en brazos de un programa de ley y orden.

El Gobierno italiano defendió inicialmente el indefendible comportamiento de sus fuerzas de seguridad. Después, la presión de sus aliados europeos y la evidencia incontestable de los hechos -el brutal asalto a una escuela utilizada como dormitorio por algunos de los manifestantes más inofensivos o el trato violento y humillante inflingido a centenares de detenidos en el cuartel de Bolzaneto, que jueces italianos han calificado sin rebozo de tortura- ha hecho rectificar a Il Cavaliere y admitir que algo no funcionó en Génova. El propio presidente de la República ha tenido que pedir que se haga rápidamente la luz sobre lo ocurrido entre el 20 y el 22 de julio, y la oposición exige la comparecencia de Berlusconi ante la comisión parlamentaria, una entre media docena, que ha iniciado finalmente esta semana su investigación; con poca prisa, porque se ha dado de plazo hasta finales de septiembre. Las indagaciones aportarán poco a la brutalidad mostrada por los agentes. Pero quizá sí lleguen a desvelar si su comportamiento fue sólo cuestión de incompetencia o la sistemática violencia policial tuvo otras connotaciones.

Tan escaldado está el primer ministro italiano que no ha dudado en plantear el traslado de la próxima cumbre de la FAO, en noviembre, desde Roma a algún país africano, con el pintoresco argumento de que allí están los que realmente pasan hambre; y considera que sea en otro lugar diferente de Nápoles donde se reúnan en septiembre los ministros de Defensa de la OTAN. Berlusconi ha apoyado también inmediatamente una tibia sugerencia alemana para que un eurocuerpo policial de expertos lidie en el futuro con los más bárbaros de los antiglobalizadores.

Ningún Gobierno serio debería utilizar un fracaso de orden público, aunque sea tan sonado, como pretexto para incumplir sus deberes como anfitrión internacional. Las sugerencias de Berlusconi, además, señalan la incapacidad de un sistema democrático para enfrentarse civilizadamente a la protesta organizada. Los disidentes pacíficos, la gran mayoría, tienen derecho al respeto. Para combatir a los profesionales de la violencia, las policías de la UE, también la italiana, deben haber desarrollado a estas alturas los métodos y medios pertinentes, sin necesidad de tirar por la borda en su aplicación los preceptos de democracia y tolerancia que cimentan el espacio político europeo.