Las continuas irregularidades obligan a Gimeno a aplazar unas oposiciones
Al PP le crecen los problemas en las oposiciones para cubrir plazas en las administraciones. Si los últimos meses la Generalitat ha salido a la palestra por, entre otras cosas, extrañas relaciones entre miembros de los tribunales y opositores, ahora es el Ayuntamiento de Castellón, que preside José Luis Gimeno, el que se ha visto obligado a paralizar las pruebas para una plaza en propiedad de intendente de la Policía Local.
En este caso, al igual que en otros que han sido denunciados por el Grupo Socialista municipal, el problema está en la composición del tribunal. Un informe de técnicos municipales indica que tres de sus componentes 'no pueden formar parte de él' por no cumplir el requisito de pertenecer al mismo grupo o superior al de la plaza ofertada. Una comisión extraordinaria decidió la semana pasada aplazar las pruebas hasta que se despejen las dudas. Sin embargo, la decisión no fue adoptada únicamente por el informe de los técnicos.
Según los concejales socialistas Josefina Gimeno y Juli Domingo, las discrepancias sobre la presunta ilegalidad de la composición de los tribunales son 'habituales' en la convocatoria de oposiciones para el Ayuntamiento. Y, habitualmente, por el mismo motivo: no cumplir el ya citado requisito, aunque el grado de especialización requerido también ha sido causa de conflicto.
Informe sobre los requisitos
Durante los últimos meses se han convocado más de medio centenar de plazas para el Consistorio castellonense. Las discrepancias llevaron al Grupo Socialista, que encabeza Ignacio Subías, a solicitar un informe, ajeno a los técnicos de la casa, para determinar exactamente los requisitos que debían cumplir los miembros del tribunal y, en su caso, si a alguno se le eximía de ello. Desde enero, en varias comisiones, los socialistas reiteraron su petición. Fueron pasando las oposiciones y, en mayo, llegó la convocatoria de las correspondientes a cuatro plazas de Técnico de Administración General. El informe, solicitado a la Consejería de Administraciones Públicas, no llegaba y, pese a las reticencias de los socialistas, la comisión y la junta de personal decidieron pasar al tribunal calificador. Las pruebas comenzaron el 12 de junio. Dos días después, según el sello del propio documento, salió de la consejería el tan reclamado informe que, sin embargo, no llegó al Ayuntamiento hasta el 22 de junio y no fue entregado al Grupo Socialista hasta el 2 de julio. Éste es claro y tajante: en cinco folios repite hasta ocho veces que todos los miembros con voto, excepto el cargo público que preside el tribunal, deben cumplir con el requisito de ser funcionario del mismo grupo y titulación que la del personal a seleccionar. El texto hace especial mención a los representantes sindicales que han de integrar el tribunal. Para ellos, se reclama la necesidad de cumplir los mismos requisitos que los demás miembros y aporta, en el mismo sentido, una sentencia del Supremo, precisamente a raíz de una alegación sindical.
