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Dos ex alcaldes del PP en Galapagar, condenados por prevaricación

El arquitecto municipal es condenado por prevaricación y falsedad en documento público

Esther Sánchez

Los magistrados Miguel Hidalgo Abia, Carmen Lamela Díaz y Ramiro Ventura Faci, de la sección decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, condenan las decisiones urbanísticas tomadas por Rubio y De Pablo en los años 1988 y 1989, cuando eran alcalde y primer teniente de alcalde, respectivamente. La Comisión de gobierno municipal concedió el 26 de septiembre de 1988 una licencia para la construcción de 13 viviendas unifamiliares de cuatro alturas cuando la normativa sólo permitía dos.

La otra actuación denunciada se refiere a la caducidad de una licencia para la edificación de 35 chalés adosados. Sobre este caso ya existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dio la razón a los vecinos en octubre de 1991, cuando declaró que la licencia había caducado en el momento en que la comisión de gobierno municipal otorgó una segunda prórroga ilegal. El Tribunal Supremo confirmó este fallo en noviembre de 1997. Sobre los nueve chalés construidos pesa una orden de derribo que el Ayuntamiento ha paralizado hasta que los tribunales le aclaren la forma de hacerlo, ya que las viviendas están ocupadas por unas personas que las compraron de buena fe.

La Audiencia también ha condenado al entonces arquitecto municipal, Luis Rodríguez Gálvez, por prevaricación y falsedad en documento oficial, a una pena de tres años de prisión, una multa de 180.000 pesetas e inhabilitación de 10 años para ejercer su profesión.

Al actual aparejador municipal, Vicente Berrueco, le considera responsable de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, debido a que realizó actuaciones profesionales como aparejador en obras privadas. El fallo le castiga con una multa de 180.000 pesetas y suspensión de empleo o cargo público durante dos años.El proceso judicial se inició tras la denuncia de unos vecinos del barrio de la Navata que consideraban inadmisible la actuación municipal en ambos casos. En el caso de la licencia concedida a Navasierre, SA, para la construcción de 13 viviendas unifamiliares en la calle del Río, en la Navata, la sentencia considera probado que Rubio y De Pablo permitieron las obras, pese a conocer que los proyectos contemplaban la construcción de unas viviendas que no se adecuaban a la normativa urbanística vigente entonces. También indica que se desoyeron las denuncias que los vecinos presentaron ante el Ayuntamiento y un informe de la Comunidad de Madrid que ponía de manifiesto que la edificación vulneraba el tope de dos alturas permitido.

La segunda operación fraudulenta se refiere a la promoción Navaparque, SA. En esta ocasión, la comisión de gobierno concedió una licencia de obra el 20 de junio de 1988 a una promoción de 35 viviendas adosadas en las calles de Acequia, Puchero y Colada del Charco de la Hoya, también en la Navata. La sentencia puntualiza que 'en este caso resulta aún más patente, si cabe, la arbitrariedad en la que incurrieron los acusados Rubio, De Pablo y Rodríguez Gálvez'.

Prórrogas

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La construcción no se inició en el plazo previsto y la empresa solicitó dos prórrogas. En ambos casos, el arquitecto municipal, Rodríguez Avial, informó favorablemente a la concesión de los aplazamientos. Pero los vecinos no cejaron en su empeño y presentaron un recurso ante el Tribunal Superior, que en octubre de 1991 les dio la razón.

Asimismo, el planeamiento urbanístico cambió durante las prórrogas, por lo que, cuando se inició la construcción de los chalés, ya no estaba permitido edificar en parcelas de 250 metros cuadrados, sino que para ello era necesaria una superficie de 1.000 metros cuadrados.

De Pablo, que fue alcalde de Galapagar entre 1995 y 1999 y actualmente es portavoz del grupo del PP, explica que recurrirá la sentencia porque no se ajusta a la realidad en los hechos que expone. Además, subraya que es contradictoria, ya que utiliza los mismos planteamientos para condenarlo por prevaricación que para absolverlo del delito de cohecho. El actual regidor, Manuel Cabrera, del PSOE, ha pedido la dimisión inmediata de Eugenio de Pablo.

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Sobre la firma

Esther Sánchez
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.

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