Campos sin ley
El caso de los pasaportes falsos ha sumido al fútbol español en el descrédito, y no sólo por la certeza de que varios futbolistas extranjeros han falsificado sus documentos para jugar como comunitarios, sino por la sospecha de que el fraude es de calado. Un fraude sostenido además por una densa trama de intermediarios y jugadores corruptos, dispuestos a burlar la ley y sacar ventaja de la favorable condición que mantienen los futbolistas comunitarios, que no ocupan plaza de extranjeros en Europa tras la sentencia Bosman.
Por las investigaciones efectuadas por el Parlamento de Brasil, país de donde proceden muchos de los futbolistas con pasaportes falsos, los clubes también forman parte de esta red fraudulenta, con lo que eso supone de desprecio por la ley, de existencia de ilegales de cinco estrellas y por aquello que debe preservar el deporte a toda costa: el principio de igualdad a la hora de competir, pues es evidente que algunos clubes han tenido ventaja al disponer de jugadores con pasaporte falso de comunitarios. El asunto es tan grave que parecería conveniente eliminar cualquier traba a los extranjeros para evitar el negocio del fraude y las ventajas ilegales.
Hasta el momento, los diferentes órganos jurisdiccionales del deporte español no han encontrado pruebas de que los clubes hayan cometido irregularidades, de manera que no se ha actuado contra ellos con la dureza que exigen los reglamentos: la pérdida de puntos o el descenso de categoría. El dictamen del Comité Superior de Disciplina Deportiva en el caso Barata -jugador brasileño del Tenerife con pasaporte falso- concluye que no hubo conocimiento del fraude por parte del club. En Italia, Sergio Cragnotti, presidente del Lazio, está incurso en un proceso penal por su participación en la presunta adulteración del pasaporte del jugador argentino Verón. En Francia, el Saint Étienne ha sido castigado con la pérdida de puntos por incluir jugadores con pasaportes falsos. Esta línea es coherente: si los intermediarios y los jugadores se benefician del fraude puesto que su condición de comunitarios multiplica su valor en el mercado, lo mismo ocurre con los clubes, que sacan ventaja en la competición y están en excelentes condiciones de obtener un mejor rendimiento económico en los traspasos de sus jugadores cuando son de la UE.
España se incorporó tarde y con desgana a la persecución del delito de los pasaportes falsos. Por desgracia, generalmente se ha actuado de manera permisiva frente a las irregularidades: las deudas de los clubes; las exenciones fiscales de los jugadores por más que discutibles contratos de imagen, o el incumplimiento de normativas que deberían haber condenado a algunos equipos a Segunda División y que, sin embargo, terminó por generar un monstruo de campeonato con 22 clubes, o el indulto al Barcelona, que juega la Copa después de no presentarse a disputar la semifinal del pasado año frente al Atlético de Madrid. Con estos precedentes y con el escándalo de los pasaportes falsos, el fútbol español se enfrenta a un gravísimo problema de credibilidad que puede tener consecuencias nefastas para su buena salud.
