"¿Hasta dónde?"
El Gobierno, la oposición, los jueces y los dirigentes políticos y sindicales argentinos tienen al fin la oportunidad histórica de demostrar si son capaces de hacer lo que recomiendan siempre a los demás. La documentación que envía a Buenos Aires el comité del Senado de Estados Unidos revela las cuentas ocultas con depósitos de fortunas de al menos 200 "ricos y famosos" argentinos. Entre ellos, políticos, empresarios, ex funcionarios del Gobierno de Menem, personajes de la televisión, periodistas y otras celebridades. En principio, la mayoría de ellos podrían ser sometidos a proceso y condenados si se prueba el delito de evasión de impuestos. "¿Conviene? ¿ No afectará esto aún más a los mercados?" Los portavoces de prensa revelan la inquietud que afecta a los posibles involucrados. "¿Hasta dónde?", temen. Elisa Carrió, la diputada radical que lleva adelante la investigación, asegura que la revelación de la trama de la corrupción permitirá el desarrollo de un capitalismo fuerte y sano: "La verdad y la justicia traerán consecuencias benéficas para el país, como sucedió en México tras el caso Salinas de Gortari, porque una cosa es ser capitalista y otra cosa es ser ladrón".
Raúl Moneta, el banquero de Menem, que permaneció prófugo en 1999 durante seis meses cuando un juez ordenó su captura por la supuesta quiebra fraudulenta de los bancos República y Mendoza, se presentó en la medianoche (hora local) del jueves en un programa de la Cadena Azul de la televisión argentina para negar nuevamente lo que ya está definitivamente demostrado, que el Federal Bank con sede en Bahamas, el banco pantalla por el que se lavaron 4.500 millones de dólares desde 1989, le pertenece. Según Moneta, "el Federal figura a nombre de tres personas a las que no conozco". La investigación pudo probar que Moneta, su tío y otros parientes eran los dueños del Federal Bank por una doble vía, las autoridades financieras de Bahamas -que ya suspendió las actividades del Federal Bank- y el propio Citibank de Nueva York, que trata ahora de eludir su propia responsabilidad acusando a Moneta de haberlos engañado.
Moneta negó además todos los cargos, denuncias y sospechas que pesan sobre él y adjudicó la supuesta persecución que sufre a "una conspiración" montada por Héctor Magnetto, accionista mayoritario del grupo multimedia Clarín, del que fue socio y al que acusa de haberle robado en una de las empresas.
Escalada de la prensa
Según Moneta, "Clarín comenzó el ataque cuando el CEI [la corporación de empresas del Citigroup en el que eran socios el Banco República, Telefónica de Argentina y otros grupos] decidió formar su propia corporación de medios con radios y canales de televisión y pensaba comprar el periódico La Nación". El banquero dijo que la supuesta escalada de prensa en su contra desde las emisoras de radio, las cadenas de televisión y periódicos como Pagina 12 y Clarín, que pertenecen al mismo grupo, persiguen ahora otros fines: "Clarín debe 3.000 millones de dólares, está en una cesación técnica de pagos y es probable que apoye a Elisa Carrió hasta la presidencia de la nación para negociar alguna forma de salida a su gravísima situación económica".
Ayer, la diputada Carrió se preguntaba si la conspiración denunciada por Moneta "incluye al Senado de Estados Unidos". Para el diputado del Partido Demócrata por la provincia de Mendoza, Gustavo Gutiérrez, que comenzó a investigar las actividades de Moneta desde que el Banco de Mendoza traspasó todo su patrimonio al Banco República, el banquero es "Satán". Carrió no le reconoce semejante cartel: "Moneta es sólo un testaferro que debe ser juzgado y condenado, pero aquí hay que descubrir a los que se robaron el país en estos últimos diez años". Según los cálculos, el grueso de los depósitos negros que eludieron impuestos proviene de los sobornos pagados cuando se privatizaron las empresas del Estado durante el primer mandato de Gobierno de Carlos Menem, entre 1989 y 1995.
El ministro del Interior, Federico Storani, el ex vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, líder del Frepaso, el frente de partidos que integra la coalición en el Gobierno, se sumaron ayer a Jorge de la Rúa, hermano del jefe del Estado y ministro de Justicia, y coincidieron en que ya hay "motivos suficientes" para que renuncie o sea destituido Pedro Pou, el presidente del Banco Central. Si Pou resiste la embestida hasta hacer su descargo la próxima semana ante la comisión parlamentaria que analiza su responsabilidad, el presidente Fernando de la Rúa tomará la decisión de sustituirle cuando concluya dentro de una semana el proceso para relevarle previsto en la Constitución.
