Política científica española
Los 1.059 científicos que firmamos esta carta pensamos que la política científica española es obsoleta, inconsistente e ineficaz: no existe ninguna planificación a largo plazo y la inversión, tanto pública como privada, resulta risible. Además, el sistema de plazas carece de flexibilidad y la concesión de las mismas no siempre responde a criterios exclusivamente científicos. Así las cosas, las posibilidades de progreso científico de nuestro país resultan ridículas comparadas con las de países europeos de nuestro entorno económico y cada vez son más los jóvenes científicos que, debido a la falta de oportunidades laborales en España, tienen que quedarse indefinidamente en el extranjero para poder continuar sus carreras con un mínimo de seguridad y reconocimiento a su trabajo.
Las consecuencias son claras: otros países se están beneficiando de la valía de unos trabajadores altamente cualificados, formados principalmente en España y en los que el Gobierno ha invertido parte de los impuestos pagados por todos los españoles. Y es que cuando un científico decide volver a trabajar en España sus posibilidades de reintegración se ven prácticamente reducidas a los llamados contratos de reincorporación, contratos por obra y que, independientemente de la calidad de la ciencia desarrollada, no son renovables más allá de los tres años; y después, ¿qué? Para muchos, el desempleo o el abandono de la ciencia.
El penoso panorama científico español se contempla con incredulidad y asombro desde el resto del mundo, y revistas internacionales del máximo prestigio científico denuncian con frecuencia una situación que, paradójicamente, en España parece pasar desapercibida.
Mientras tanto, el Gobierno invierte mucho tiempo en convencer a la sociedad del sustancial aumento en los recursos dedicados a la investigación. Pero si bien esta política resulta eficaz de cara a la opinión pública en general, que no conoce los entresijos del mundo de la investigación, no es en absoluto creíble dentro de la comunidad científica, puesto que gran parte de este aumento se destina a gastos militares. Así, pues, creemos que es deber de los que trabajamos en esto mejorar nuestra comunicación con la sociedad y dar a conocer nuestra actividad, así como denunciar públicamente la actitud gubernamental que pretende hacernos creer a todos que, también en ciencia, España va bien.
En nuestra opinión la situación no mejora. Nuestros gobernantes parecen ignorar que el bienestar social y económico llega, de forma cada vez más evidente, de la mano de la innovación científica y tecnológica. Sólo una política científica consistente puede hacer que dejemos de ir a remolque de otras sociedades desarrolladas con las que nos queremos comparar. Ya es hora de que se nos permita contribuir al progreso de la sociedad española. Ya es hora de olvidarse del 'que inventen ellos'.-
