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LOS PROBLEMAS DE LOS INMIGRANTES

Los ecuatorianos califican de 'burla' la opción de volver a su país para poder obtener papeles

La reacción de los miles de inmigrantes ecuatorianos en España no se ha hecho esperar a través de sus asociaciones tras conocer la firma del convenio. Jiménez se quejaba ayer a Europa Press de que el convenio es una 'burla' porque se habla de cupos de 40.000 ecuatorianos cuando en España hay más de 150.000 en situación irregular.

Los ecuatorianos de Madrid, donde se concentra la colonia más numerosa (con 46.000 inmigrantes), los de la región de Murcia (donde residen 18.000), Almería (2.000) y Valencia (más de 10.000) viven una situación de angustia. El delegado del Gobierno en Murcia, José Joaquín Peñarrubia, anunciaba ayer que el lunes se abrirá el plazo de presentación de solicitudes para los que quieran acogerse al convenio, que, a su juicio, evitará, 'las situaciones de abuso y explotación de que a veces son víctimas por su situación irregular'.

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Al rechazo de los principales afectados por esta situación se unieron sindicatos, ONG y el PSOE, que critican el secretismo con que el Gobierno ha negociado el convenio con Ecuador y alegan que sólo obtendrá sus frutos a medio y largo plazo, pero no resuelve la situación que viven los inmigrantes en situación irregular, que necesitan una respuesta inmediata.

Mientras el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Fernando Mariño, insistía en la regularización a través de la Embajada, la responsable de Migraciones de UGT, Ana María Corral, señalaba que es lógico que no exista en el convenio mención a los extranjeros en situación irregular, ya que la nueva legislación española no los reconoce. Para el secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Enrique Santiago, el convenio no sólo no resuelve la situación de los que ya están en España sino que impone un mecanismo 'diabólico' para tramitar el permiso de trabajo en los flujos futuros.

La responsable de inmigración del PSOE, Consuelo Rumí, señaló que el acuerdo demuestra que la oferta del Gobierno sobre retorno de irregulares con garantía de su vuelta en el cupo de trabajadores de 2001 es una 'falacia'. 'El Gobierno sabía que en la firma de un convenio internacional esta oferta carecía de todo sentido y por eso no se contempla', declaró a Europa Press. Para la responsable de Política de Inmigración de CC OO, Paloma López, el Gobierno no puede de ninguna forma garantizar a los que regresen que volverán a España de forma regular.

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