El Gobierno calcula en 900.000 millones el gasto por la sentencia de los funcionarios

La sentencia de la Audiencia Nacional ha caído como una losa en el Gobierno al suponer un gasto público próximo a los 900.000 millones y afectar a casi 2.100.000 funcionarios que trabajan en las tres administraciones. Aunque el propio vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que recurrirá la sentencia y que confía en la victoria en los tribunales, el Gobierno ha reclamado a Hacienda una estimación sobre los posibles costes de la sentencia.

Los primeros cálculos del Ministerio de Hacienda sobre lo que supondría el costo de la devolución de los atrasos desde 1997 se estimaban en cerca de 260.000 millones para los más de 600.000 funcionarios de que dispone la Administración central, y ascendería a casi 900.000 millones si se suman el resto de funcionarios -hasta la cifra de1,2 millones- de las otras administraciones. El informe encargado al Ministerio de Hacienda para que analice las consecuencias de la sentencia, las obligaciones que contrae y sus alternativas será abordado previsiblemente en el Consejo de Ministros de hoy.

La información de la que dispone el Gobierno precisa que un auxiliar administrativo percibiría 235.000 pesetas; un jefe de sección, 437.000; un maestro, 410.000; un auxiliar técnico sanitario, 415.000; y un jefe de servicio, 601.000 pesetas.

Una de las primeras conclusiones del Gobierno es que, en caso de aplicarse la sentencia, ésta no sólo responsabilizaría del pago a la Administración central, sino que se extendería también a los Gobiernos autónomos y municipales. Lo dijo ayer expresamente Jorge Fernández, número dos de Rajoy y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Según señaló Fernández, tanto el acuerdo entre el Gobierno socialista y los sindicatos como la decisión posterior del Ejecutivo del PP, anulando el anterior, se extendió a todos los ámbitos de la Administración pública.

Esta posición del Gobierno acarreó ayer una dura contestación desde algunas comunidades autónomas. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, manifestó que la sentencia de la Audiencia Nacional 'sólo afecta a los funcionarios del Estado y no a los de la Generalitat ni tampoco a los municipales'. En el supuesto de que la sentencia afectase a los funcionarios autonómicos, Pujol admitió que tendría efectos muy negativos para las finanzas de la Generalitat.

También el presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, del PP, aseguró que la sentencia de la Audiencia Nacional afecta a la Administración central y no a las de las autonomías. 'No conozco ninguna resolución que se haya manifestado sobre los presupuestos generales de la Generalitat valenciana', argumentó. El jefe del Ejecutivo valenciano precisó que 'hay un conflicto que corresponde sustanciar al Gobierno y al Congreso'.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, también del PP, precisó que la sentencia no determina el ámbito de aplicación de la medida; es decir, a qué funcionarios afecta y, en su caso, las cantidades que les corresponderían.

La diputada del PNV Margarita Uria consideró que la sentencia supone una 'censura' a la actitud chulesca del Gobierno, que se opuso a negociar. El PNV cree que el fallo judicial no afecta a todas las administraciones públicas sino sólo a la central.

Tensión entre ministerios

La sentencia ha originado una importante marejada en el Gobierno, con duros reproches entre los Ministerios de Economía, de Hacienda y de Administraciones Públicas. El martes por la tarde, una vez conocida la sentencia, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, convocó a los altos cargos de su ministerio así como de Economía y Hacienda para estudiar su respuesta. También fue convocado Francisco Villar, secretario de Estado de la Administración Pública cuando el Gobierno decidió la congelación y hoy jefe de Gabinete de Rajoy.

La reunión se celebró en un clima de tensión. En un momento de la misma, Posada llegó a decir que él hubiera negociado con los sindicatos, según fuentes próximas a los reunidos. Esta posición originó un revuelo entre los altos cargos de Economía y Hacienda. La secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez, reprochó al Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) su política con los sindicatos. Se refirió concretamente al capítulo 18 del fallido Estatuto de la Función Pública que abría la negociación colectiva en la Administración, defendido por el MAP, y que contó, en su momento, con la oposición de Economía y Hacienda.