CC OO promoverá reclamaciones individuales si no se abona con celeridad la deuda
Para CC OO no hay margen de duda sobre los efectos de la sentencia favorable a su recurso. Entiende que el Gobierno debe rectificar de inmediato la congelación salarial de 1997 y abonar los atrasos a dos millones de empleados públicos. Junto al coste para las arcas del Estado, que calcula en medio billón de pesetas, el líder del sindicato, José María Fidalgo, subrayaba ayer otro efecto del fallo judicial: 'Los incumplimientos de los acuerdos se pagan política y económicamente'.
La presentación de un recurso por parte del Gobierno no tiene base jurídica en su criterio, pero además supone 'añadir a un error garrafal, un chorro de gasolina para alentar otra movilización general de todos los empleados públicos', una advertencia lanzada dos veces por Fidalgo, y reiterada por los también dirigentes del sindicato Fernando Lezcano (enseñanza) y Carlos Sánchez (administración pública).
Abrir las sedes
En el supuesto de que el Ejecutivo opte por no ejecutar la sentencia, la central instará a sus afiliados y al conjunto de los empleados públicos a presentar reclamaciones individuales, cuyo cumplimiento debe ser resuelto por la Audiencia Nacional. CC OO afirma estar en disposición de abrir sus sedes y sus servicios jurídicos a los dos millones de afectados para gestionar sus reclamaciones.
En cuanto a los efectos económicos, la central asegura que a un empleado público que tiene unos ingresos anuales de 1,5 millones de pesetas el Gobierno le adeuda 203.322 pesetas. Para el salario medio en la Administración, 2,5 millones de pesetas, los atrasos ascienden a 338.870 pesetas (ver gráfico en la página 15).
Una compensación que, a juicio del sindicato, corresponde a todos los empleados públicos. Carlos Sánchez argumenta que en la mesa de la función pública es donde se firmaron los pactos con el Gobierno socialista en 1994, que luego el Gabinete del PP incumplió en 1997. Y es en esa mesa donde se fija el salario base del régimen estatutario, que se aplica al conjunto de los empleados de las administraciones públicas.
El fallo judicial tiene asimismo una relevancia especial para la central. Supone un reconocimiento firme del derecho a la negociación colectiva en la Administración, que a su juicio no respetó el Gobierno en 1997 ni respeta en la actualidad. Según Fernando Lezcano, 'la sentencia marca un antes y un después', y es una herramienta valiosa para combatir 'la permanente indefensión de los empleados públicos en la negociación colectiva'.
El criterio del ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, es diferente. Él sostiene que a la hora de decidir el aumento salarial para 2001 intentó 'seriamente llegar a un acuerdo y no fue posible'. Asimismo, asegura que va a abrir mesas de negociación sobre condiciones laborales y no renuncia 'a llegar a acuerdos sobre retribuciones' para años posteriores.
El ministro prefiere no hacer público el cálculo de los efectos económicos del fallo judicial, aunque Posada asegura que asciende a 'cientos de miles de millones, que afectarían a toda la política presupuestaria', y en consecuencia al déficit cero.
El titular de Administraciones Públicas admite que el fallo de la Audiencia y sus efectos suponen un varapalo: 'Todo el Gobierno y también el presidente estamos muy preocupados. Es una sentencia distinta totalmente de lo que pensamos y estamos más de acuerdo con el voto particular'. El argumento de que el Parlamento es el que aprobó la congelación salarial y que no se puede recortar la capacidad de decisión del poder legislativo será la base principal del recurso que piensa presentar el Gabinete del PP.
Posada expresaba también su preocupación porque se encone el enfrentamiento con los sindicatos, y que ahora se produzca un deterioro de las relaciones. Ante la amenaza de un conflicto generalizado en el sector, el ministro cree que 'no es apropiado empezar con movilizaciones, o con reclamaciones individuales, hasta que la sentencia no sea definitiva', que para el Gobierno no lo es todavía.
