El PSOE anuncia una oposición más dura

Se cerró la mano tendida. El PSOE ha perdido la esperanza de alcanzar acuerdos con el Gobierno en los grandes temas de Estado y se prepara para una oposición "aún más activa", según altos responsables del partido. Cuando los dirigentes socialistas aproximan la lupa a las grandes cuestiones que se debatirán en el año 2001 no atisban ninguna posibilidad de acuerdo. Ni en el plan hidrológico. Ni en la ley de estabilidad presupuestaria. Ni en la financiación de las autonomías. Ni en la reforma de la enseñanza. Ni siquiera en el anhelado pacto de Estado sobre la justicia -hay dos millones de casos pendientes en los juzgados-, el único punto que el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, considera "imprescindible", se prevé alcanzar un consenso. Y por supuesto, tampoco se alcanzará en lo referente a la inmigración, un problema en el que el PSOE pretende apuntar gran parte de su batería parlamentaria.Tampoco el Gobierno ve con optimismo la posibilidad de lograr grandes acuerdos. "Llega un momento en que sólo te quedan dos posibilidades", comentaba esta semana un alto responsable en Moncloa, "o hacer lo que el PSOE quiere, y en ese caso decirles 'gobiernen ustedes', o hacer lo que uno considera que debe hacer. En la Ley de Extranjería se opusieron por una nimiedad, simplemente por darse el gusto de rechazarla. Y en otros temas van a actuar de la misma manera".

Los socialistas presentaron ante el Parlamento 54 enmiendas. A través de ellas, pretendían que el Gobierno inviertiera 30.000 millones para dotar el Programa de Regulación de la Extranjería, conocido como Plan Greco; intentaban también conseguir la firma de convenios en los próximos tres años con los 10 países de donde llegan más inmigrantes; lograr la creación de un Samur costero en Cádiz, Málaga y Almería; la construcción de cuatro centros de acogida (dos en el campo de Gibraltar y dos en Canarias); y programas pilotos de integración en 50 núcleos urbanos y rurales. Fueron rechazadas.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, le ofreció en su primera entrevista al presidente del Gobierno, José María Aznar, un pacto de Estado en materia de terrorismo y otro sobre la Ley de Extranjería. El PSOE estaba convencido de que el Gobierno pactaría en este tema. Pero al ver que no ha sido así pretenden convertirlo en su gran tema para el 2001.

No obstante, la inmigración es sólo uno de los grandes debates. El propio Gobierno, en boca de uno de sus principales responsables, augura que en las siguientes cuestiones la confrontación se prolongará durante meses:Plan hidrológico. Llegará a las Cortes en febrero. En la actualidad el Gobierno asegura que está consultando a las comunidades autónomas afectadas. Sin embargo el PSOE asegura que desde septiembre el ministro de Medio Ambiente no ha contestado ni a una sola de las preguntas que les plantearon.

"Estamos trabajando en una propuesta alternativa", sostiene Caldera. "El plan del PP no cumple los estándares mínimos de respeto ambiental. Pretende arreglarlo todo transfiriendo agua desde Aragón a modo de castigo político a una comunidad que no les votó a ellos".

Pacto de Estado de la justicia. Es imprescindible un pacto en este apartado, según Caldera. "Pero mucho me temo que no se va a lograr", señala la socialista María Teresa Fernández de la Vega. "Primero, porque han puesto al poder judicial contra las cuerdas con la orden de ingreso a la judicatura de un juez que no lo es. Y seguramente el Gobierno va a continuar con su política de injerencia en la justicia". "Y segundo", añade Caldera, "porque para que el servicio público de justicia mejore se necesita un importante esfuerzo presupuestario. Estamos a más de un punto de diferencia con la media europea respecto al PIB".

Ley de estabilidad presupuestaria. También llamada ley del déficit cero. Con ella el Gobierno pretende que tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas gasten lo mismo que ingresan. El PSOE ya ha anunciado que su partido presentará mociones allá donde gobierne.

"Esta ley", señala el responsable de Economía del PSOE, Jordi Sevilla, "no es más que una operación de humo para intentar enzarzarse en el Parlamento con nosotros a ver si el déficit público es bueno o es malo y mientras tanto recortar las competencias de ayuntamientos y comunidades. Además, se da el caso de que las comunidades socialistas tienen sus cuentas equilibradas; las únicas con déficit son las de Cataluña y Valencia. Y por si fuera poco todo eso queda una pregunta: ¿cómo pretende el Gobierno que las comunidades cuadren sus cuentas con déficit cero cuando aún no saben cuál va a ser el modelo de financiación autonómica?". Este punto abre el otro gran cisma entre el PSOE y el PP.

Ley de financiación autonómica. Será la que fije cómo y cuánto van a recaudar todas las comunidades autónomas en el próximo quinquenio. Ha de aprobarse antes del siguiente verano para ser incluida en los presupuestos del 2002.

"Durante meses vamos a discutir que si la cesta de impuesto, que si la capacidad normativa sobre el impuesto de tabaco o el alcohol... Más o menos todos estamos en la línea del libro blanco de los expertos de 1995", señala Sevilla. "Pero el problema de este quinquenio está en la cuantía, es decir en cuánto va a percibir cada comunidad. Estos últimos años el Estado se ha beneficiado mucho más del buen ciclo económico. Las suyas no protestan y las compesan por otras vías, y con Cataluña ya llegarán a acuerdos. Pero con nosotros va a estar complicado porque el Gobierno sigue empeñado en asfixiar a las comunidades socialistas".