El Gobierno navarro obligará a que todos los colegios utilicen los libros en euskera que él edite

El Gobierno navarro, de UPN-PP, obligará a partir del próximo curso escolar 2001-2002 a todos los colegios, tanto públicos como privados de la comunidad foral, incluyendo a las ikastolas, a utilizar los textos en euskera que edite la propia Administración autonómica, traducidos del castellano. La medida no se extendería a los textos que se emplean en las asignaturas en castellano. La Federación de Ikastolas de Navarra, que agrupa a centros concertados en los que estudian unos 6.000 alumnos, considera que la medida del Ejecutivo de Miguel Sanz puede ser ilegal.

"Normalidad lingüística"

La decisión fue anunciada ayer por el propio presidente navarro, en una rueda de prensa tras la reunión de su Consejo de Gobierno. Además, el Ejecutivo foral aprobó un decreto que modifica el uso del vascuence en las administraciones públicas de Navarra y en el acceso a sus puestos de trabajo. El Consejo de Gobierno decidió igualmente iniciar los trámites para elaborar una ley foral que regule el uso del idioma cooficial en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). El Ejecutivo pretende consensuar este texto con los agentes sociales afectados.La reforma educativa que pretende la formación regionalista pasa por traducir al euskera todos los libros de texto en castellano que se usan actualmente en los centros de la red pública y obligar a que sean utilizados en todos los centros o líneas de enseñanza en euskera.

El Ejecutivo de UPN ha recalcado en repetidas ocasiones que algunos de los textos que se emplean actualmente en esos centros no respetan la realidad política e institucional de Navarra como comunidad propia y diferenciada de Euskadi, además de plantear, en su opinión, visiones históricas falsas que unifican a ambos territorios.

El controvertido paquete de medidas sobre la lengua vasca se asienta sobre varios ejes, que Sanz explicó personalmente. UPN entiende que los castellanoparlantes están discriminados en el acceso a la función pública y considera además que la vigente regulación sobre el uso y conocimiento del vascuence en esta región, vigente desde 1994, no se ajusta a la "realidad sociolingüística". Según explicó Sanz, la "normalidad lingüística" debe basarse en una previa "normalidad democrática" que garantice la libertad de todos los ciudadanos a la hora de elegir la lengua que quieren emplear. A renglón seguido recordó que el castellano es la lengua oficial "de toda Navarra" y el euskera lo es, en régimen de "cooficialidad con el castellano", en su zona vascófona.La idea de modificar el uso del euskera en la Administración foral fue también reclamada públicamente por el PSN-PSOE, que apoya las líneas generales de la reforma, y provocó el pasado mes de junio la dimisión en bloque de los responsables de la Dirección General de Política Lingüística. UPN sustituyó a los dimisionarios y creó una nueva dirección general denominada de Universidades y Política Lingüística, encargada de diseñar la reforma.

Sanz recordó que el Consejo de Navarra, órgano consultivo del Gobierno, dio luz verde al contenido del decreto con algunos matices, que han sido incorporados por el Ejecutivo. El decreto foral sustituye el "requisito específico" de conocer el euskera como condición para acceder a ciertas plazas por el de "conocimiento preceptivo" de esa lengua. Sanz justificó este cambio en la "doctrina constitucional".

Además, la nueva regulación obligará a que la oferta pública de empleo recoja el conocimiento del vascuence en la zona vascófona de forma expresa y limita la posibilidad de promoción interna de esos puestos. A partir de ahora, quienes hayan accedido a una plaza en la zona vascófona en virtud de sus conocimientos de euskera sólo podrán participar en la provisión de vacantes correspondientes a puestos en los que también el euskera sea preceptivo. En términos generales, el nuevo decreto se dedica a garantizar más pormenorizadamente los derechos de los castellanoparlantes en la zona norte de la Comunidad foral y restringe la presencia de la lengua vasca en la zona mixta, con el objetivo de que no se creen circuitos bilingües obligatorios en sus municipios, en las propias estructuras de la Administración o en la Universidad pública, donde permanece abierta desde hace años la controversia sobre la incorporación de la lengua vasca.

En esta zona, en la que se ubica Pamplona, desaparece la obligatoriedad del bilinguismo en la rotulación pública, así como en los elementos de imagen corporativa, avisos, anuncios y publicaciones.

Cuando el conocimiento del euskera se considere como mérito para acceder a un empleo público, su conocimiento no podrá baremarse por encima del 10% de la puntuación fijada para quienes acrediten conocimientos de las lenguas oficiales de la UE. Eso en la zona vascófona, porque en la zona mixta el tope máximo será del 5%. Estas modificaciones se derivan de la tesis regionalista de que muchos ciudadanos aprenden euskera interesadamente como medio para acceder a un empleo, lo que distorsiona la verdadera aceptación de la lengua vasca en la sociedad navarra.