Extranjería: CiU dijo sí XAVIER RIUS SANTS
¿Estarán infringiendo la ley día a día los extranjeros subsaharianos que se reúnen desde hace meses en la plaza de Catalunya de Barcelona? ¿Habrán cometido un delito o una falta administrativa los extranjeros en situación irregular que participaron en la manifestación del pasado día 26 de noviembre en esta ciudad? ¿Viola la ley el sindicato que admite como afiliado a un irregular? Pues si nos atenemos a la redacción de la contrarreforma de la Ley de Extranjería, aprobada el pasado día 24 de noviembre por el Congreso con el voto afirmativo de CiU, la respuesta a estas preguntas es lamentablemente que sí.Por kafkiano que parezca, la nueva ley castiga y prohíbe los derechos de reunión, asociación y manifestación de los extranjeros sin papeles. Y así, cada vez que un grupo de éstos se reúna en una parroquia, en un ayuntamiento o en la sede de Comisiones Obreras o UGT, tanto los extranjeros como las personas que les den cobijo estarán vulnerando la ley, aunque es difícil imaginar que la policía, los agentes de los Mossos d'Esquadra o los de la Guardia Urbana se dediquen a pedir papeles a quienes acudan a estas reuniones y, en cumplimiento de la legalidad, los detengan. Pero posiblemente el aspecto más negativo de esta nueva ley es la modificación del periodo de estancia necesario para obtener el permiso por arraigo. Con la apenas aplicada ley 4 / 2000 bastaba con dos años, pero ahora ha quedado prolongado a cinco, y ello tampoco garantiza que se conceda. También es negativa la modificación del periodo de cinco años de permisos temporales para obtener el permiso permanente, que ahora deberán haberse disfrutado de manera continuada. Ello provocará que a quienes les caduquen los permisos durante estos cinco años y pasen periodos en situación irregular, se les alejará una y otra vez la regularización definitiva, cosa que dificultará la integración que la ley dice buscar.
Hace dos años, cuando el Congreso y el Senado aprobaron la ponencia parlamentaria que estudió la situación de la inmigración, todos los grupos reconocieron la necesidad de abordar este fenómeno con el máximo consenso, evitando análisis demagógicos o partidistas. Pero el PP ha vuelto a impedir ese consenso desde su posición de mayoría absoluta. Posiblemente, ello sea coherente con la posición que adoptó hace un año al negarse a apoyar la ley 4 / 2000 que ahora se deroga. Pero resulta sorprendente que CiU -cuyo diputado Carles Campuzano fue, sin duda, uno de los parlamentarios que trabajó más coherentemente en la elaboración del informe de la ponencia sobre extranjería y de la posterior ley 4 / 2000- haya prestado su voto al Gobierno. Que Coalición Canaria apoye ahora la contrarreforma podría entenderse desde la compleja situación que viven la islas con la llegada de pateras. Pero en Cataluña, donde si se instalan más inmigrantes es porque hay trabajo, lo que se necesita no es una ley que prive de derechos y facilite las expulsiones, sino una que fomente la integración. Posiblemente, CiU es prisionera del PP debido a su situación en el Parlamento catalán, y con su sí a la ley se hace corresponsable de una política que dificultará la integración y que, por el recorte de derechos, acabará en el Tribunal Constitucional. Nada más lejos de la intención que manifestó CiU hace cuatro años cuando, en un momento en que el PP carecía de mayoría absoluta en Madrid, empezó a reunirse con las ONG para redactar una nueva ley de integración e inmigración.
Xavier Rius Sants es escritor especializado en temas de derechos humanos, seguridad y defensa.
