La Comunidad decidirá hoy cuánto cobrará a los disminuidos por atenderlos

Pocos recursos

La Comunidad decidirá hoy cuánto deberán pagar los discapacitados físicos y psíquicos por ser atendidos en residencias, centros de día y centros ocupacionales. La pasada semana, el director general de Servicios Sociales, Tomás Vera, comunicó por carta a las familias de los disminuidos psíquicos atendidos en residencias regionales (cerca de 10.000) que a partir de ahora deberían pagar en torno al 75% de la renta per cápita familiar (los ingresos totales anuales divididos entre 12 meses y entre el número de componentes del hogar) por un servicio hasta ahora gratuito. En el caso de acudir a un taller ocupacional abonarían el 37,5%.La alarma saltó y el viceconsejero de Servicios Sociales, José María Alonso, tras calificar de "barbaridad" el contenido de la carta enviada a las familias, les conminó a "romperla" y dio por retirado el proyecto.

Sin embargo, la presidenta del grupo parlamentario PSOE-Progresistas, Cristina Almeida, aseguró ayer que el Gobierno regional no ha retirado, como anunció, su iniciativa de cobrar el 75% de la renta per cápita a los discapacitados que vivan en residencias. Según Almeida, el propio Vera le ha confirmado la validez de las cartas enviadas a las familias.

La decisión de cobrar por estas atenciones está consensuada con las asociaciones de minusválidos, con las que la Comunidad negoció el Plan Regional de Discapacidad. Sin embargo, las cuantías a abonar las ha decidido unilateralmente el Gobierno autónomo, provocando las protestas de las familias, que consideran "abusivo" tener que abonar el 75% de la renta per cápita familiar.

Hasta ahora, la red de atención a discapacitados (residencias, centros de día, talleres...) estaba formada por centros públicos -en los que el usuario no pagaba por el servicio- y centros privados -regentados por asociaciones de afectados-, que cobraban a sus asociados porque las subvenciones que reciben no cubren el coste de la atención prestada.

Las asociaciones y la Comunidad han decidido unir ambas redes concertando las plazas de los centros privados. El dinero necesario para dichos conciertos saldrá de las arcas regionales (26.000 millones en cuatro años) y de las cuotas que abonen los padres (ésa es la cuantía que hoy se decide, aunque Servicios Sociales la estima en 1.300 millones).

El gerente de la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Retraso Mental (FEAPS), Matías Martínez, reconoce que algunos discapacitados tendrán que pagar servicios que ahora tenían de forma gratuita. "Pero hasta ahora muchos otros que no encontraban plaza en centros públicos se veían obligados a pagar en los privados por una atención que siempre estaba en la cuerda floja por falta de fondos de las asociaciones. Y tanto a los centros públicos como a los privados acuden familias de bajos recursos", asegura.Martínez no se opone al pago, pero sí a que éste diezme las rentas familiares. "Los servicios se deberían abonar con las pensiones que perciben los discapacitados, teniendo también en cuenta, si es necesario, la situación familiar, pero no gravando directamente la renta de cada hogar. No entendemos cómo, después de negociar un buen plan, la consejería sale ahora con esas tarifas abusivas sin negociarlas", concluye.