La Vital se dota de un código de conducta para evitar las situaciones afloradas en el 'caso Gordo' Es la primera caja vasca que aprueba una norma de este tipo, impuesta por el Gobierno
La Vital Kutxa ha sido la primera caja de ahorros vasca en dotarse de un código de conducta, al que tendrán que ajustarse los miembros de su Consejo de Administración. La aprobación de esta norma de comportamiento era un compromiso asumido por el actual consejo ante el Gobierno vasco y tiene como objetivo evitar situaciones como las que dieron lugar en el pasado al llamado caso Gordo. Una investigación interna afloró varias operaciones inmobiliarias dudosas y que resultaron lesivas para la entidad protagonizadas por el empresario José Antonio Gordo, quien, directamente o a través de personas interpuestas, llegó a disponer de un gran poder en el consejo de la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava.
El reglamento del Consejo de Administración de la Vital desarrolla la normativa vigente sobre los órganos de gobierno de las cajas y además aplica expresamente las recomendaciones de la Comisión Especial para el Estudio de un Código Ético de los Consejos de Administración de las Sociedades, más conocido como informe Olivencia (1997) por ser presidida por el catedrático de Derecho Manuel Olivencia. La elaboración de este código para controlar "situaciones no deseadas por la entidad", según se anunció de forma elíptica el pasado mes de mayo, fue una de las primeras tareas que se impuso el consejo tras llegar a la presidencia el abogado Pascual Jover.En la práctica, era un compromiso que la entidad había asumido meses atrás con la Viceconsejería de Hacienda y Finanzas, a raíz del informe de inspección que confirmó en diciembre varias irregularidades relacionadas con el grupo del empresario José Antonio Gordo. Éstas y otras operaciones de las que pudieron "derivarse perjuicios patrimoniales" para la caja fueron descubiertas por una auditoría interna que ordenó el pasado verano el anterior presidente de la Vital, Juan María Urdangarin.
El reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración a finales del pasado julio y consta de 27 artículos. Su parte central está dedicada a las obligaciones y derechos del consejero y se extiende en una serie de principios éticos y cautelas sobre "conflictos de intereses", "uso de activos sociales" y de información interna, y aprovechamiento de "oportunidades de negocio" en beneficio propio. Varios preceptos serían aplicables a las operaciones vinculadas al grupo de Gordo descubiertas por la auditoría interna: concretamente los que establecen la abstención del consejero en las deliberaciones de asuntos sobre los que tenga interés personal y prohíben la utilización de informaciones conocidas en el desempeño de su cargo para hacer negocios propios.
Gordo, presidente de la Cooperativa Vitoriana de la Vivienda (Covivi) e importante empresario inmobiliario, ya realizó negocios particulares con la entidad en el Centro Comercial Dendaraba cuando era vicepresidente primero de la Caja Provincial a fines de los 80. En julio de 1991, cuando ocupaba el mismo cargo en la Vital (tras la fusión de la Provincial y la Municipal), logró que la caja le cediera gratis la explotación de las 50 plazas de la segunda planta del aparcamiento de Dendaraba durante 35 años, a cambio de dar libre acceso a sus vehículos al almacén de la oficina principal de la calle Independencia.
La auditoría interna descubrió el pasado verano que en las escrituras del aparcamiento -la primera planta, con 125 plazas, es propiedad del empresario-, formalizadas en diciembre de 1988, ya se establecía aquel derecho de paso en favor de la Vital sin ninguna contraprestación. El Consejo de Administración encargó en mayo a un bufete que rescate por la vía amistosa o judicial esa concesión abusiva.
Influencia interna
En el último decenio, el empresario consiguió mantener su influencia en el órgano de gobierno de la Vital a través de Covivi. Esta promotora de cooperativas, que preside desde hace tres décadas, ha facilitado vivienda a unas 4.000 familias. Movilizando a esta masa de impositores -Covivi ha financiado siempre sus promociones con créditos hipotecarios de la entidad- para las asambleas de la Vital, Gordo ha logrado situar de forma permanente a personas de su confianza en el Consejo de Administración. Al menos dos de sus socios en distintas empresas han sido consejeros de la Vital en la última década, aunque en ocasiones ha controlado a cuatro de los 17 miembros del consejo. Gracias a ello y a su habilidad para relacionarse con las instituciones pudo actuar como un poder fáctico en el seno de la entidad, hasta el punto de plantear pulsos a sus responsables.De hecho, fue un fuerte enfrentamiento con el anterior presidente de la Vital, el nacionalista Juan María Urdangarin, a cuenta de la intromisión de Gordo en una importante operación inmobiliaria de la caja lo que motivó que aquél ordenara la auditoría interna sobre las relaciones mercantiles mantenidas por la entidad con el empresario y sus socios.
La investigación sacó a la luz otras operaciones perjudiciales para la Vital, como la venta en 1996 de su antigua sede de la calle San Prudencio en menos de la mitad del precio en que estaba tasada. Tras diversas transacciones, el edificio pasó este año a manos de una empresa de Gordo y su socio Javier Sáenz de Valluerca con una valoración de 1.200 millones de pesetas, cuando la caja recibió por él unos 650 millones.
