No es inevitable todo lo que lo parece
El verano pasado, el Consejo de Ministros de la Unión Europea decidió, por mayoría, crear una nueva categoría de documentos comunitarios: los top secret, aquellos que no se someterían a las reglas generales de la UE para garantizar la transparencia y el acceso libre a la información. Necesitamos esa nueva categoría de documentos -explicaron los portavoces del Consejo- porque la UE se va a ocupar cada vez más de temas relacionados con defensa y política exterior, y eso siempre ha exigido un grado mayor de confidencialidad y opacidad: véase lo que ocurre en la OTAN.La decisión le pareció desagradable a mucha gente, pero inevitable. Sin embargo, lo que parece inevitable tiene, la mayoría de las veces, importantes matices. Holanda y Suecia, por ejemplo, creen que no hay razón para que los documentos de defensa y relaciones exteriores de la UE sean clasificados sin más como secretos. El Gobierno holandés, en concreto, anunció el 22 de septiembre que denunciará la decisión ante la Corte de Luxemburgo, porque supone un paso atrás en la obligación de transparencia que imponen los tratados a las instituciones comunitarias. El 2 de octubre fue la ministra de Administraciones Públicas de Suecia, Britta Lejon, la que explicó que su Gobierno se sumaba a la iniciativa holandesa. "No creemos necesario romper las reglas sobre libre acceso a la información. Cada documento debe ser evaluado por sus propios méritos", afirmó. Suecia asumirá la presidencia de la UE en enero, y Lejon advirtió de que visitará entonces todas las capitales europeas para pedir apoyo. ¿Qué hará Madrid?
La experiencia demuestra a los holandeses (y a casi todo el mundo) que en muchas ocasiones un documento público es declarado secreto no porque afecte a la seguridad del Estado, sino porque evidencia usos incorrectos o delictivos de la Administración, o porque afecta al prestigio e interés de uno o varios políticos. Así que mejor no dar facilidades legales.
El problema de la transparencia en las instituciones es cada vez más acuciante. Hace años, la Organización Mundial de Comercio (OMC) provocó gran indignación (que, por otra parte, dejó indiferente a sus responsables) por negociar, en completo secreto, un acuerdo multilateral de inversiones. La OMC vuelve a las andadas y negocia, de nuevo con opacidad, acuerdos sobre la globalización de servicios (incluidos educación y sanidad). El secretario francés de Comercio Exterior, Huwart, se ha quejado y ha reclamado una reforma de esta institución "a fin de que sea más eficaz, más legítima y más transparente". Quizás es hora de empezar a pensar que es escandaloso que los Parlamentos nacionales no sepan lo que está ocurriendo en estas decisivas negociaciones secretas, capaces de modificar nuestros sistemas públicos de salud y enseñanza.
Otra cosa interesante es la evidencia de que el secreto no está justificado por el incremento de la eficacia. La Reserva Federal de EE UU, por ejemplo, hace públicos sus debates internos cuatro veces más rápido que el Banco Central Europeo y nadie tiene dudas sobre la eficacia de cada cual. Claro que si se hicieran públicos los debates en algunos bancos europeos podríamos quedarnos sorprendidos. ¿Alguien sabe por qué el Bundesbank no se aplica sus recetas y ajusta su amplia plantilla (15.794 funcionarios, casi tantos como los 16.884 de la Comisión Europea en su conjunto), dado que ha perdido gran parte de sus competencias?
¿Alguien se ha detenido a leer la fantástica explicación que dio a EL PAÍS el presidente del colegio de comisarios que auditan las cuentas de otra organización internacional, la OCDE, sobre sus problemas de contabilidad?: "Tenemos que luchar con una cultura específica de transmisión oral de información... Es difícil, porque hay que confiar en la buena fe del funcionario [de la OCDE], en su memoria y en su permanencia en el puesto". ¿Cómo clasificaría la OCDE a un país africano que aplicara esta increíble cultura contable?
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