El PSOE ve "rastros de cohecho"
Ruth Porta, concejal del PSOE, emitió ayer un duro veredicto al ser consultada por este periódico sobre el resultado de la investigación del Servicio Regional de la Policía Judicial de Burdeos: "Los hechos van demostrando que el caso de la funeraria no era un problema baladí y no se limita a una mera irregularidad administrativa. Las sombras se ciernen en este momento sobre todos aquéllos que pudieron ser origen o destino del dinero negro supuestamente empleado en esta operación"."Tal vez estamos dejando de hablar de prevaricación (delinquir, a sabiendas, un empleado público) para empezar a hablar de un posible cohecho (soborno a un funcionario) o de una posible financiación ilegal del PP", concluyó la edil.
El PSOE cree que el hallazgo de la policía francesa reactiva un caso que aparentemente languidecía ante las declaraciones exculpatorias de los 14 imputados. Entre ellos, seis cargos públicos del PP: el actual consejero de Sanidad, dos concejales en ejercicio, dos ex concejales y un diputado regional y ex teniente de alcalde.
El fiscal consideró que en dicha operación los representantes públicos incurrieron en los presuntos delitos de prevaricación, malversación, alteración del precio de las cosas y falsedad en documento público. Simón Viñals, concejal de Sanidad e imputado como uno de los principales impulsores de la privatización, al conocerse, meses atrás, los primeros indicios del entramado en el extranjero del accionariado de Funespaña, afirmó: "Si tienen chanchullos en el extranjero, no lo sé. La gestión es buena". Rodrigo sólo admitió entonces lo siguiente: "Soy socio de Funespaña desde 1993, a través de Inver Services".
Rodrigo negó que hubiera utilizado información privilegiada a través de Funespaña como asesor que fue de la funeraria municipal precisamente antes de su privatización. Según la Fiscalía Anticorrupción, Rodrigo, a través de su empresa Invafi, ya asesoraba al Ayuntamiento desde antes de que firmara un contrato en julio de 1992. No en vano, 24 horas después de firmar tal contrato entregó un informe de 332 folios sobre los problemas de los servicios funerarios en Madrid.
Funespaña fue la empresa que más se acercó en su valoración de la funeraria a la cifra fijada por la consultora Maxwell-Espinosa: 3.000 millones.
La firma que hoy preside Rodrigo la valoró en 4.059 millones. Sus competidores no pasaron de 1.350 millones.
