Las operadoras españolas consideran que el Gobierno carece de instrumentos para fijar precios en los móviles

Las compañías operadoras de telecomunicaciones creen que el Gobierno español carece en este momento de instrumentos legales para imponer a las compañías precios máximos en el servicio de telefonía móvil, carencia que se extiende a los móviles de tercera generación (UMTS) que deberán entrar en funcionamiento en 2001.La imposición de precios máximos en el nuevo servicio o la imposición de un canon más elevado que el previsto en el concurso fallado en marzo (1,5 por mil) son las dos posibilidades que se barajan en los últimos días en la Administración para paliar el abultado desfase registrado entre lo ingresado por el Estado español (86.000 millones de pesetas) con el concurso de licencias UMTS cerrado en marzo y lo ingresado por Alemania (8,4 billones de pesetas) y el Reino Unido (6,5 billones) en sus respectivas subastas de licencias para prestar el mismo servicio.

Fuentes de las operadoras destacaron ayer que la telefonía móvil es un servicio que está plenamente liberalizado, por lo que no cabe la regulación gubernamental. Sin embargo, la Ley General de Telecomunicaciones de 1998 ampara la intervención del Gobierno cuando éste considere que la competencia no está garantizada. En una disposición transitoria, la ley establece que el Ejecutivo, "previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá fijar, transitoriamente, precios fijos máximos y mínimos".

Según el texto, se analizará la situación propia de cada servicio que presten las operadoras "de forma tal que se garantice la concurrencia, el control de las situaciones de abuso de posición dominante y el acceso a aquéllos de todos los ciudadanos a precios asequibles".

La ley también invalida una de las propuestas aireadas en los últimos días para compensar el bajo precio exigido a las operadoras de UMTS en España: la relativa al canon anual que las operadoras tienen que abonar al Estado. Este canon no podrá elevarse muy por encima del 1,5 por mil que fija el pliego de condiciones de las licencias. Aunque el PSOE ha sugerido incrementos superiores, la ley que regula las telecomunicaciones fija el tope máximo en el 2 por mil de sus ingresos de explotación. Así pues, la compensación del concurso español no vendrá por ahí.