El Tribunal Superior cuestiona por tercera vez el proyecto de una autovía a Bilbao recién abierta
La Diputación de Vizcaya ha recibido otro varapalo judicial por sus proyectos de carreteras. De nuevo ha sido la Variante Este, la primera de las tres nuevas autovías de acceso a Bilbao, que se abrió el pasado 14 de julio, cuyo proyecto de obra se encuentra anulado, aunque la decisión no es firme al haber sido recurrida ante el Tribunal Supremo. La última resolución del Tribunal Superior de Justicia vasco considera que las expropiaciones de suelos realizadas "han dejado de tener efecto", al haberse tramitado sobre un proyecto diferente al ejecutado.
Agencia de protección
La última sentencia que censura la actuación de la Diputación está firmada el pasado 8 de junio. El fallo responde a una demanda planteada en 1997 por la Asociación de Familias de Otxarkoaga, el colectivo que desde hace un lustro se opone a la autovía que atraviesa su barrio. Denunciaban que las expropiaciones realizadas incumplían la ley por la falta de información pública, la carencia de la declaración de utilidad pública o infracciones en la evaluación de impacto ambiental, entre otras cuestiones.El Tribunal Superior constata que las expropiaciones de terrenos, que le han supuesto a la Diputación 500 millones de pesetas del coste total de 3.500, se realizaron en virtud del proyecto aprobado en 1995, pero que luego fue cambiado por otro ratificado en 1997. "Las actuaciones expropiatorias derivan de unos proyectos anulados, con lo que han dejado de tener efecto. Con el nuevo proyecto, que es el que se ejecuta, habrían de realizarse o notificarse los correspondientes actos expropiatorios para llevarlo a efecto", sentencia.
La Asociación de Familias de Otxarkoaga, que hizo público ayer el fallo, destacó que los tribunales les dan la razón por tercera vez en este vial. "Primero les paramos la obra siete meses, luego el Supremo anuló el proyecto y ahora esta tercera les tira todo porque anula las expropiaciones realizadas", expusieron.
La defensa jurídica de este colectivo, que también representa al grupo ecologista Bizirik, dijo que este fallo demuestra que "el sistema de evaluación de impacto ambiental no funciona porque no es independiente, por lo que es necesario crear una agencia de protección del medio ambiente, como en otros países. Pero, al no existir y empecinarse la Diputación en agotar la vía judicial, convertimos a los jueces en los defensores de la naturaleza". El colectivo de Otxarkoaga, que responsabilizó con dureza a los diputados de Obras Públicas y Medio Ambiente, aseguró que aún no han decidido las acciones tras la sentencia. "Lo que está claro es que vamos a luchar hasta demoler la carretera", indicaron.El proyecto de la Variante Este fue anulado en mayo pasado por el Tribunal Superior por omitir el trámite de información pública e incumplir una norma foral ambiental, al destruir una superficie de casi 22.000 metros cuadrados de robles, abedules y encinas. La Diputación decidió recurrir al Tribunal Supremo, con lo que la decisión final aún tardará varios años, y adujo que sólo se incumplía un trámite de forma.
Esta autovía tiene 2,5 kilómetros de longitud y enlaza la entrada de la carretera de San Sebastián, la N-634, con el alto de Santo Domingo y el aeropuerto de Sondika. Atraviesa los barrios de Txurdinaga y Otxarkoaga y forma parte de la Solución Norte, la esperanza de los mandatarios vizcaínos para destascar los saturados accesos a Bilbao, que se completará con los túneles de Artxanda y la variante baja de Deusto, ambas actualmente en construcción.
El grupo Bizirik también difundió ayer su plan de preservación para los restos históricos existentes junto al futuro corredor del Txorierri, la autovía más costosa promovida por la Diputación (más de 20.000 millones de pesetas) que se prevé empezar a construir la próxima primavera. "Éste ha sido un caso en que la Diputación ha cambiado su actitud, y fue porque entonces salió la sentencia de anulación de la Variante Este, y ha modificado el trazado para salvar unos restos históricos", destacaron.
Su iniciativa busca la elaboración de un plan especial de protección, que definiría la zona y comprendería un proyecto de restauración y otro de recuperación ambiental del entorno. "El mecanismo de protección que contempla la Diputación es muy escaso. Sólo garantiza la supervivencia de los restos históricos", aseguraron.
