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La fiscalía ultima una investigación sobre las presuntas expulsiones racistas en el Maremàgnum

La fiscalía de Cataluña está ultimando una amplia investigación sobre las supuestas expulsiones racistas ocurridas en los últimos meses en algunos locales del complejo Maremàgnum de Barcelona. SOS Racismo presentó hace unas semanas una denuncia en la que relataba ocho casos concretos y especificaba con todo detalle cómo se habían producido esas expulsiones. La fiscalía no sólo aceptó la denuncia a trámite, sino que inició una investigación, tomó declaración a los supuestos perjudicados y ahora ha citado a declarar como imputados a dos propietarios de algunos de esos locales.

La denuncia de SOS Racismo fue presentada en la fiscalía a finales del pasado mes de febrero. Al margen de relatar los ocho casos de supuestas expulsiones por motivos racistas de manera pormenorizada, la denuncia adjuntaba una declaración jurada de un vigilante de seguridad de uno de los locales implicados. El vigilante explicaba que se le dieron instrucciones para que no dejara pasar "ni a negros, ni a moros, ni a gitanos" y que al negarse a acatar esa orden fue cambiado de destino. Ese vigilante de seguridad ha declarado ya en la fiscalía y ha ratificado su declaración. También ha comparecido la mayoría de las ocho supuestas víctimas, que fueron expulsadas de los locales a causa de su aspecto exterior.SOS Racismo explicó ayer que antes de presentar la denuncia en la fiscalía intentó que los responsables de los locales se comprometieran a adoptar medidas para que no se repitiesen estos hechos. En esas reuniones participaron el gerente del Maremàgnum, Robert Enrich; así como Jaime Vega Chaos, propietarios de los locales Nayandey, Fiesta y Tropicana, y Luis Luque, propietario del local Caipirinha. Fuentes judiciales explicaron ayer que Vega y Luque han sido citados a declarar como inculpados en la fiscalía en los próximos días.

Disculpas del propietario

Uno de los casos denunciados por SOS Racismo se produjo en la madrugada del 31 de marzo del año pasado, cuando se le negó a la entrada a B. V. al local Caipirinha. Al ser requerido por esta organización sobre por qué se había impedido el acceso a una persona negra, el director del establecimiento la justificó explicando que existía una banda de carteristas marroquíes que actuaban en la zona. Cuando se le comunicó que el afectado era cubano, el director del local se ofreció para pedirle disculpas personalmente, y así ocurrió, pero B. V. decidió poner el caso en conocimiento de SOS Racismo.

Otro de las supuestas expulsiones racistas ocurrió el 15 de mayo de 1999, cuando el marroquí A. M. acudió al local Nayandei acompañado de unos amigos españoles. A él y a otro marroquí no se les permitió entrar alegando que necesitaban un carnet, pero a los españoles sí. Al pedir explicaciones al portero, A. M. acabó herido por un grupo de 10 vigilantes. El caso está siendo investigado por un juzgado de Barcelona.

SOS Racismo considera que todos los casos denunciados se encuadran en el artículo 512 del Código Penal, que castiga con penas de entre uno y cuatro años de inhabilitación a "los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación".

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El brasileño D. G. se encontraba en Cataluña estudiando el pasado verano cuando acudió, en la noche del 9 de agosto, al mismo local Nayandei. No se le permitió pasar alegando que era gitano. Cuando el cliente sacó su móvil para llamar a la policía, los guardias de seguridad se lo sustrajeron y uno le dio un puñetazo en un ojo. El teléfono no lo recuperó, pero acudió a la policía a denunciar el caso, que acabó archivado, según SOS Racismo.

B. P., un cantante gitano y educador social, salió de copas el pasado 18 de junio por varios locales del Maremàgnum y sólo intentó entrar en uno de ellos, Caipirinha. No lo logró porque, según el vigilante, tenía el pelo largo. El problema era el color de su piel, porque un representante de SOS Racismo que también llevaba melena no tuvo ningún problema.

"No echamos a nadie por el pelo"

"Nosotros no echamos a nadie del local porque lleve el pelo largo o corto, sino por su compostura en general", explicó ayer Francisco García, director del local Caipirinha, uno de los establecimientos en los que, según SOS Racismo, se produjeron expulsiones racistas. García explicó que los hechos denunciados no son ciertos, porque no son "racistas". En su opinión, si estas acusaciones fueran ciertas, difícilmente se comprendería que en ese local trabajen camareros y camareras de origen marroquí o venezolano "con papeles en regla". García explicó igualmente que en el local que él dirige se aplica un criterio de admisión muy similar al del resto de establecimientos y que guarda relación "con la compostura en el vestir".

SOS Racismo admite en la denuncia que tanto la ley de 1990 sobre policía del espectáculo como el reglamento que la desarrolla son muy ambiguos y conceden a los locales amplios márgenes para establecer las condiciones de acceso para los clientes.

Sin embargo, en ningún caso está justificado que estos requisitos puedan ser discriminatorios y de ahí que estas conductas estén penadas por el Código Penal. Esta ambigüedad ha llevado a los propietarios a inventar unos requisitos muy peculiares que utilizan como filtro para negar el acceso, como la exigencia del carnet de socio a algunas personas con un determinado color de piel que para otras no se aplica. El pasado mes de julio se aprobó un nuevo decreto que mantiene esa ambigüedad, pero que obliga a los locales a que las normas de admisión sean públicas y conocidas. En este sentido, el decreto obliga a que las normas estén especificadas en un cartel a la entrada del local.

En el caso de Cataluña, la Generalitat ha delegado en los municipios la potestad de inspeccionar los locales y garantizar que cumplen los requisitos que marca la ley.

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