El próximo Consejo de Ministros estudiará las líneas básicas de la reforma de la Ley de Extranjería
El portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, anunció ayer que el próximo Consejo de Ministros estudiará un informe sobre las modificaciones de la Ley de Extranjería que presentará el titular de Interior, Jaime Mayor. El de Exteriores, Josep Piqué, que también asistió a la rueda de prensa posterior al Consejo de ayer, resaltó la "enorme complejidad del problema" de la inmigración africana, especialmente en Canarias, y subrayó la preocupación del Ejecutivo, que ha hecho de esta cuestión un tema prioritario en esta legislatura y "objeto de atención permanente" por los diferentes departamentos.
El Gobierno no va a esperar más. En su cuarta sesión de esta legislatura, el próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará un informe que presentará el titular de Interior, Jaime Mayor, sobre las líneas generales de la reforma de la Ley de Extranjería que trata de consensuar con los restantes partidos.Esta decisión del Ejecutivo viene precedida de intensos contactos de sus miembros con las autoridades regionales y locales en Canarias, donde la presión inmigratoria es más fuerte y que culminó con la visita a las islas, ayer, del delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda.
Pío Cabanillas adelantó las cuatro ideas básicas del documento de Interior: evitar lo que se conoce por regularización permanente de los inmigrantes, tasar mejor los casos de expulsión, profundizar en la diferenciación entre los legales y los ilegales y eludir la judicialización en el régimen para la concesión de los visados.
El portavoz del Gobierno reiteró que la reforma de la ley vigente, aprobada por las Cortes en diciembre, en el último pleno de la legislatura anterior, no afectará a los derechos de los inmigrantes, recogidos en la primera parte del texto. Así, calificó de meros "cambios técnicos" las cuatro líneas básicas planteadas por Interior.
La clave de la propuesta que Mayor llevará al próximo Consejo es una "mejor tasación" de los casos de expulsión de los inmigrantes ilegales y aumentar, con ello, el poder discrecional de la Administración, limitado en la actualidad por la norma.
El Ejecutivo también tratará de evitar "la regularización permanente" de los inmigrantes con una alteración de los plazos. Según el texto de la norma actual, se legaliza automáticamente la situación de los que prueben que residían en España antes del 1 de junio de 1999.
Asimismo, el documento marcará distancias entre los derechos de los inmigrantes legales y los de los ilegales en asuntos como la sanidad, la educación o la vivienda.
El cuarto aspecto de la reforma consistirá en poner límite a la posibilidad de recurrir a los tribunales por el rechazo en la concesión de visados.
Por su parte, Fernández-Miranda conoció ayer sobre el terreno la realidad de los efectos de la inmigración clandestina en Canarias, informa Marta Cantero. Para ello se reunió con el presidente de su Gobierno, Román Rodríguez (CC); con los de los principales cabildos afectados y con diversos alcaldes, entre ellos el de Las Palmas y cabeza del PP canario, José Manuel Soria.
Rodríguez, que estuvo acompañado por sus consejeros de Presidencia y Asuntos Sociales y Empleo, Julio Bonis y Marcial Morales, y Fernández-Miranda coincidieron en su valoración global de la repercusión de la inmigración ilegal en la sociedad canaria y la española y en la necesidad de consolidar la colaboración con sus países de origen y acelerar las repatriaciones, pero discreparon en otras cuestiones.
Así, Morales transmitió a Fernández-Miranda el convencimiento de los nacionalistas de que la Ley actual no ha provocado el denominado efecto llamada tal y como sostiene el Gobierno y el propio Fernández-Miranda reiteró ayer, sino que precisamente "el hecho de que el PP diga que provoca un efecto llamada sí que es un efecto llamada".
Las autoridades canarias reiteraron a Fernández-Miranda sus peticiones en el sentido de que es necesario reforzar la vigilancia del archipiélago, así como aceptar la posibilidad de dispersar por otras comunidades el gran número de inmigrantes que, finalmente, consigue llegar a las islas.
