Aznar promete eliminar el déficit público en 2001

La eliminación del déficit público en 2001, un año antes de lo previsto, es el gran objetivo del programa de Gobierno con el que ayer se presentó José María Aznar ante el Congreso para obtener su segunda investidura como presidente. "Ésta será la legislatura del equilibrio presupuestario", proclamó. Pero para lograrlo, advirtió, no basta con que la Administración central se comprometa a reducir sus gastos, sino que hace falta que también lo hagan las administraciones territoriales, autonómicas y locales, que al final del proceso de transferencias gestionarán la mitad de los recursos públicos.La reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y los municipios, basada en la corresponsabilidad fiscal, será así una de las principales tareas del nuevo Gobierno. Además, la eliminación del déficit público será compatible, según Aznar, con una nueva reducción de impuestos cuya puesta en práctica, en todo caso, se "acompasará" a la consecución del equilibrio presupuestario.

"La reforma fiscal fue la protagonista de la pasada legislatura y en esta volverá a serlo", afirmó, antes de prometer, como ya hizo durante la campaña electoral, una rebaja adicional de los tipos del IRPF, la eliminación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para el 90% de los negocios y un trato más favorable para las pequeñas y medianas empresas en el Impuesto de Sociedades.

Finalmente, equilibrio presupuestario y rebaja de impuestos deben servir para el que calificó como "objetivo principal" de su gestión: "alcanzar el pleno empleo en el curso de esta década". A corto plazo, antes de final de año, anunció, se adoptarán medidas "que ayuden a la creación de empleo y a la reducción de la temporalidad".

"Centro reformista"

Aznar calificó su programa como "de centro reformista" y aseguró que, pese a disponer de mayoría absoluta, "el diálogo seguirá siendo pauta de comportamiento del Gobierno", pues "las reformas basadas en acuerdos son más sólidas y duraderas". Su oferta de diálogo la dirigió "a los grupos parlamentarios y a los interlocutores sociales", pero también a las autonomías y a las corporaciones locales.

El candidato a presidente ofreció expresamente a los restantes partidos "un pacto de Estado" para reformar la Justicia, ante la "notoria insatisfacción de la sociedad española" sobre su funcionamiento, y otro, ampliado a las comunidades autónomas, para "dar estabilidad al modelo de financiación autonómica". También anunció su propósito de contar con los agentes sociales para impulsar las reformas que requiere "sin dilación" el mercado de trabajo y de convocar de inmediato el Pacto de Toledo para revisar el sistema de protección social. La modificación de la Ley de Extranjería, aprobada en diciembre pasado con la oposición del PP, o la aprobación del Plan Hidrológico son otros puntos que prometió sacar adelante "con el máximo apoyo posible".

Aznar se presentó ante el Congreso con el aval de los 183 diputados que obtuvo el PP en las elecciones del pasado 12 de marzo y el Pacto de Legislatura suscrito con Coalición Canaria, que le aporta otros cuatro escaños. Aunque no dirigió ninguna oferta concreta a Convergencia i Unió (CiU), se mostró confiado en mantener la colaboración que ya obtuvo de dicho grupo en la anterior legislatura, tras constatar "la existencia de objetivos comunes en nuestros respectivos programas" electorales.

Para destacar la importancia que atribuye a este problema, Aznar dedicó la primera parte de su discurso, de una hora de duración en total, a la situación del País vasco. Tras subrayar que "han fracasado" quienes pretendían sabotear el proceso electoral en Euskadi, donde la abstención fue el 12-M similar al resto de España, hizo una encendida defensa de la Constitución, de la que dijo que "es el mejor marco para ordenar en paz y en libertad la convivencia de los españoles" y que, fuera de ella, "nadie podría sentirse seguro de que sus derechos serán respetados". Sin citarlo expresamente, se refirió al Pacto de Lizarra cuando tachó de "inaceptable" la estrategia de ruptura para desbordar el marco constitucional y advirtió al PNV de que "quienes se declaran demócratas deben ser coherentes" y abandonar una estrategia que confirma a los terroristas en la idea de que es posible conseguir objetivos políticos mediante el uso de la violencia o la amenaza.

Firmeza frente a ETA

La política frente al terrorismo seguirá basándose en "la fortaleza y la tenacidad", la "firme aplicación de todos los instrumentos que nos brinda nuestro Estado de derecho" y la cooperación internacional. La persecución, puntualizó, que no debe limitarse a los terroristas, sino que "se ha de extender a quienes los sostienen y dan cobertura", en alusión a HB.

El discurso del candidato aportó pocas pistas sobre la composición de su futuro gobierno. Anunció la creación de un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, del que dependerá el estratégico sector de las telecomunicaciones y el impulso a la sociedad de la información, y la elevación de la política sobre inmigración al rango de Delegación del Gobierno, para coordinar a todas las administraciones competentes en la materia.

Cualquiera que sea el próximo ministro de Exteriores, dejó claro que estará bajo su tutela directa, al anunciar la creación de un Consejo de Política Exterior que presidirá personalmente, en la perspectiva de la Presidencia española de la UE, en el primer semestre de 2002.

Aznar desgranó en su discurso gran parte de las medidas contenidas en el programa electoral del PP, pero omitió significativamente otras, como la polémica reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial.

Sí anunció la reforma del proceso penal, del sistema de penas y del control de su cumplimiento y la culminación de la reforma procesal civil. También se comprometió a completar el desarrollo del Título Primero de la Constitución, regulando los derechos de petición, asociación y fundación, así como a remitir de inmediato al Parlamento, para su ratificación, el tratado del Tribunal Penal Internacional.Aznar anunció también una serie de reformas institucionales, aunque admitiendo que para su viabilidad "resulta imprescindible" un amplio consenso parlamentario. En concreto, una nueva regulación electoral, especialmente en el ámbito local; una nueva ley de financiación de los partidos políticos, que asegure su transparencia y limite los gastos electorales; y una revisión de las televisiones y radios públicas no limitada a las de titularidad estatal, sino que incluya a los medios de comunicación autonómicos y municipales.

La reforma de los reglamentos de las Cortes -regulando la comparecencia previa de los candidatos a cargos institucionales de elección parlamentaria- debe quedar resuelta en esta legisalatura, así como el definitivo papel del Senado como cámara de representación territorial; algo para lo que, subrayó, el PP no considera necesario reformar la Constitución.

El candidato advirtió de que el proceso de transferencias está concluyendo y ahora empieza "una nueva etapa", en la que el acento debe ponerse en la cooperación y la asunción de las propias responsabilidades. E iniciar incluso un nuevo proceso descentralizador, esta vez desde las comunidades autónomas hacia los entes locales.

Sistema de financiación

No adelantó los ejes del nuevo sistema de financiación autonómica, pero subrayó que debe ser estable y transparente y basarse en la corresponsabilidad fiscal, para que los ciudadanos sepan quién y en qué gasta sus impuestos.

También las corporaciones locales deben modificar sus fuentes de ingresos, pues el Gobierno eliminará el IAE para el 90% de las empresas. Aznar instó a evitar que la financiación municipal incremente el coste del suelo y se comprometió a iniciar conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias y a pedir un informe a una Comisión de Expertos antes de presentar al Parlamento, en esta legislatura, una nueva ley de Haciendas Locales.

Ayuntamientos y comunidades autómas deberán, en todo caso, ajustarse al objetivo de supresión del déficit público y renunciar a un sistema que permite que sus gastos crezcan a mayor ritmo que los del conjunto del Estado, para lo que se aprobará una nueva Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

En materia económica, se comprometió a culminar los procesos de liberalización ya iniciados y a acometer otros nuevos. En concreto, a extender a todos los consumidores los beneficios de la competencia en el mercado eléctrico y a romper el monopolio del sector del gas, así como a intensificar la competencia en materia de telecomunicaciones. Con el objetivo de "frenar concentraciones de poder", prometió potenciar los órganos de defensa de la competencia.

Para facilitar la creación de nuevas empresas se aplazarán automáticamente los impuestos a pagar durante los dos primeros años de actividad y, para potenciar la incorporación de la mujer al mercado laboral, se eliminarán con carácter inmediato las corizaciones por maternidad durante dos años.

Esta medida, así como el aumento de las guarderías, no evitará el envejecimiento de la población española, que obliga a revisar el sistema de protección social. El candidato anunció que convocará de inmediato el pacto de Toledo, con el encargo de analizar, a la luz de las experiencias de otros países europeos, la revisión de las prejubilaciones; la mejora de las pensiones más bajas y las de viudedad; la extensión de los sistemas complementarios de previsión e incluso la posibilidad de retrasar voluntariamente la edad de jubilación.

En materia de Eduación, Aznar reiteró su propósito de "fortalecer" la enseñanza de las humanidades, y en especial "el conocimiento de nuestro pasado común", aunque sin especificar el alcance de un proyecto que en la pasada legislatura frustró la oposición de CiU.

En Sanidad, anunció que se extenderán "las nuevas formas de gestión" de los hospitales públicos y se copmprometió a que los pacientes, que ya pueden elegir operarse en cualquier centro público o concertado si no se les interviene en seis meses, tengan el mismo derecho en las pruebas diagnósticas.

Tal como anunció Aznar durante la campaña electoral, la supresión del servicio militar obligatorio, prevista para 2002, se adelantará al año que viene.