El PSC, ERC y el PP obligarán a Pujol a invertir en la Fira si no se aviene a hacerlo

Barcelona - 06 abr 2000 - 00:00CEST

Los tres grandes partidos de la oposición en el Parlament, que suman mayoría de votos, han anunciado iniciativas parlamentarias para forzar al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a invertir en la Feria. Concretamente, votarán que se incluya en los presupuestos que se aprobará este mes los fondos necesarios para que la Generalitat se convierta en socio de la empresa gestora de la Fira. El PSC y ERC anunciaron que actuarán en el Parlamento si fracasan las actuales negociaciones entre la Generalitat y el Ayuntamiento mientras el PP estudia ya presentar una enmienda al presupuesto.

La negociación entre la Generalitat y el Ayuntamiento, destinada a que la Administración autonómica entre como accionista en el consejo general de la Fira de Barcelona, está muy avanzada. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el alcalde, Joan Clos, ultimaron no hace mucho un acuerdo genérico que romperá el aislamiento institucional de la Fira. A partir de este pacto, la Generalitat formalizará su aportación de fondos a la Fira acudiendo a dos ampliaciones de capital que en conjunto suman una cantidad cercana a los 6.000 millones de pesetas.Recientemente, Pujol ha traspasado la responsabilidad de concretar los detalles del acuerdo al consejero Antoni Subirà, titular del Departamento de Industria, al que corresponde la tutela de ferias. Sin embargo, medios de este departamento manifestaron ayer su disposición para estudiar su entrada en la Fira de Barcelona si el Ayuntamiento presenta una propuesta formal y concreta sobre el modelo estratégico que plantea para la Fira. La postura de Industria -"no tenemos ninguna oferta concreta", señalaron los mismos medios- contrasta con la versión del Ayuntamiento, que asegura haber ofrecido a la Generalitat "la entrada en los órganos ejecutivos de la Fira por medio de una primera aportación de 3.000 millones de pesetas".

Subirà frena el acuerdo

No es la primera vez que Subirà frena un acuerdo institucional en la Fira de Barcelona. Ya en 1991 el consejero de Industria fue el principal defensor de que la ampliación de la Fira se realizase en los solares del Mas Blau, en El Prat de Llobregat.

La agria discusión sobre la elección de los terrenos se mezcló con la denuncia de una serie de operaciones empresariales entre el propietario de Mas Blau, Felip Masot, y una empresa de la familia del consejero Subirá. La opisición denunció trato de favor hacia Masot por parte del consejero de Industria, recién nombrado. Estas relaciones empresariales fueron incluso objeto de una instrucción judicial de la que Subirá fue absuelto de la imputación de los posibles delitos de cohecho y prevaricación.

El debate entre los partidarios de ampliar la Fira en Mas Blau y los de hacerlo en Pedrosa terminó cuando el entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, utilizó el voto de calidad en el consejo de la Fira para decidirse por el segundo terreno, donde ahora se ubican las nuevas instalaciones de la entidad ferial.

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La guerra de acusaciones entre los empresarios del pleno de la Cámara de Comercio y medios institucionales respecto al futuro de la Fira llegó ayer a los medios políticos.

El presidente del PP catalán, Alberto Fernández Díaz, reclamó ayer al Gobierno de la Generalitat que se comprometa a aportar 3.000 millones de pesetas a la Fira y que acuerde de inmediato con el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio su participación en los órganos de gestión.

El dirigente del partido conservador criticó con dureza la actitud de la Generalitat, que, a su juicio, ha utilizado "sus diferencias históricas con el Ayuntamiento de Barcelona" como excusa para "no invertir ni comprometerse con la Fira".

Para solucionar los problemas de la Fira y el riesgo de pérdida de competitividad respecto de otras instituciones feriales, como la de Madrid, Fernández Díaz pidió el apoyo económico de la Generalitat y el compromiso de la Administración catalana de impulsar inversiones en el transporte público que ayuden a potenciar el organismo ferial.

Fernández Díaz afirmó que su grupo en el Parlament está estudiando la presentación de una enmienda a los Presupuestos de la Generalitat de este año, que se están tramitando en estos momentos en la Cámara, para instar a la Generalitat a efectuar esta aportación económica entre este año y el próximo.

El dirigente del PP acusó a la Generalitat de haber vivido a espaldas de la Fira de Barcelona y de haber contribuido con su actitud a hacer perder empuje económico a la capital catalana frente a otras ciudades como Madrid.

Portabella denuncia trato de favor a Ifema

Empresarios y miembros de la Cámara de Comercio y del consejo ejecutivo de la Fira de Barcelona insisten en que la progresión del negocio de los recintos feriales de Barcelona y Madrid se cierra a favor de Ifema, la feria de la capital de España. Declaraciones al margen,los números no engañan. Ifema cerró el ejercicio de 1999 con unos ingresos de 13.521 millones de pesetas, lo que representa un aumento del 7,44% respecto a 1998. El beneficio neto creció en más de 2.000 millones de pesetas. Los resultados del año pasado de la Fira no se conocen todavía, pero la balanza del beneficio conseguido en Ifema y en la Fira en 1998 ya fue favorable para el recinto de Madrid, que cerró el ejercicio con un beneficio de 630 millones de pesetas frente a los 532 millones que obtuvo Fira de Barcelona.La buena marcha de Ifema ha propiciado que su consorcio -integrado a partes iguales por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio- haya decidido una segunda ampliación hasta llegar a 150.000 metros cuadrados.

"La progresión de la feria de Madrid se ha producido, sobre todo,en el último año, y si ha sido así es porque se ha visto beneficiada por decisiones tomadas directamente desde el Ministerio de Economía. Por ejemplo, con la concesión de una feria de exportaciones sin convocar un concurso previo entre las diferentes ferias", explicaba ayer el miembro del consejo de Fira de Barcelona y concejal del Ayuntamiento Jordi Portabella. Añadía más ejemplos de supuestas alegalidades, como la concesión a la Feria del Automóvil de Madrid de la categoría de internacional cuando sólo hace dos años que se realiza y la legislación marca un mínimo de tres años para que un salón salte a la categoría de internacional. "Estas cosas demuestran un decidido trato de favor por parte de la Administración central hacia Ifema que perjudica a Barcelona, pero también a otras ferias. Por eso resulta chocante que el ministro portavoz, Josep Piqué,se ofrezca ahora para entrar en Fira de Barcelona. "O es una pura campaña de imagen o no conoce la actuación de sus compañeros de gobierno", comentaba ayer Portabella.