CGPJ: ¿retorno judicial?

Apenas 48 horas después del resonante triunfo del PP en las elecciones del 12-M, su portavoz de Justicia en el Congreso durante la anterior legislatura, Andrés Ollero, ha insistido en el compromiso electoral de su partido, una vez conquistada la mayoría absoluta, de retornar al sistema de elección corporativa por parte de jueces y magistrados de la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que estuvo vigente entre 1980 y 1985. Esta propuesta ha sido constante en el programa electoral del PP, pero su precaria mayoría no le dio opción de ponerla en práctica en la anterior legislatura. Sus socios parlamentarios, especialmente CiU, no estaban por la labor de acompañarle en una reforma políticamente muy cuestionable aunque constitucionalmente inobjetable.En esta cuestión el PP se encuentra solo y únicamente con sus fuerzas -en estos momentos, sobradas con su holgada mayoría absoluta- deberá afrontar, si es que realmente se decide a ello, el cometido de poner fin a la elección por el Parlamento de todos los vocales del CGPJ, vigente en los últimos 15 años, y volver a una fórmula de elección antigua y apenas contrastada en la realidad. Se utilizó para designar a los 12 miembros de extracción judicial del primer CGPJ, en 1980, y no puede decirse que se hiciera de forma pacífica y consensuada en el seno de la judicatura. El sector mayoritario (derecha judicial) de la entonces única Asociación Profesional de la Magistratura copó la totalidad de las 12 vocalías sin el más mínimo miramiento por las corrientes minoritarias, especialmente la izquierda judicial. Resultó que aquel primer CGPJ estuvo dominado por unos jueces más nostálgicos del franquismo que entusiastas de la joven Constitución de 1978 y preocupados, ante todo, por establecer un espacio de autoafirmación frente al Gobierno, primero con UCD y a partir de 1983 especialmente con el PSOE.

No existe, además, ninguna razón de fondo que haga mejor la elección corporativa-por los propios jueces- de la mayoría de vocales del CGPJ que su elección por el Congreso y el Senado. ¿O es mejor que el órgano de gobierno de un poder del Estado, como el judicial, lo designen, como si se tratara de un colegio profesional, los propios interesados, es decir, los jueces, que los representantes de la soberanía popular? Si se trata de dar razones, existen más y mejores para mantener una forma de elección del CGPJ que vincula el Poder Judicial, aunque sea indirectamente, con la soberanía popular que para volver a una elección de tipo corporativo que deja un poder del Estado, cuyo funcionamiento afecta de manera esencial a la vida de los ciudadanos, en manos de tres asociaciones judiciales o de un colectivo de 3.000 jueces.

Como otros partidos, el PP apela a un pacto de Estado para llevar a cabo las reformas de todo tipo que requiere la Justicia. Pero es difícil que en ese pacto de Estado quepa una reforma que ninguna otra fuerza política -salvo el PP- propugna ni considera fundamental. Quien, fuera del ámbito político, siempre ha considerado fundamental esta reforma o, mejor, contrarreforma ha sido la Asociación Profesional de la Magistratura, la misma que copó la mayoría del primer CGPJ, con la que el PP mantuvo una relación privilegiada en su etapa de oposición.

En este tema la proximidad entre la derecha judicial y el PP ha sido total hasta el momento, al menos, de la llegada del partido de José María Aznar al poder. La derecha judicial le proporcionó al PP abundante munición argumental para su labor opositora sobre temas de justicia. Claro que desde el Gobierno, y con mayor razón si se tiene el amplio aval parlamentario del actual de Aznar, las cosas suelen verse de muy distinta manera que desde la oposición. Pero la derecha judicial, como todos aquéllos que se sienten, por unos u otros motivos, acreedores del PP, no dejará de insistir para que, finalmente, cuadren las cuentas.

Sin la proximidad, no sólo ideológica sino de interés politico, entre la APM y el PP es difícil explicar el empeño de este partido, primero, en cuestionar inmediatamente ante el Tribunal Constitucional el sistema de elección parlamentaria de los vocales del CGPJ introducido en la ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 mediante una enmienda del entonces diputado Juan María Bandrés y, después, en mantener durante años el propósito de recuperar la fórmula anterior a 1985 cuando llegara al poder. Es cierto que el TC, tras declarar conforme a la Constitución la elección parlamentaria de la totalidad de los 20 vocales del CGPJ, llamó la atención sobre el riesgo de que la llamada "lógica del Estado de partidos" condicionara ese modo de elección mediante el reparto de cuotas (tantos vocales para mí, tantos para tí), como desgraciadamente ocurrió después. Ese comportamiento ha sido, en ocasiones, tan escandaloso que los propios partidos se vieron abocados a dar marcha atrás poniendo sobre el tapete fórmulas de preselección de candidatos que evitaran el peaje de las cuotas.

Incluso el PP ha insinuado en alguna ocasión, como si diera por buena la elección parlamentaria de los vocales del CGPJ aunque no la forma de llevarla a cabo, que un modo eficaz de rehuir las cuotas sería la comparecencia previa de los candidatos propuestos para su examen y valoración ante la correspondiente comisión del Congreso y del Senado. En el programa electoral con el que acaba de ganar las elecciones el PP extiende esta comparecencia previa a todos los puestos de las instituciones del Estado reservados a la propuesta, la aceptación y el nombramiento del Congreso y del Senado. Sin duda, es una propuesta con la que los grupos de oposición estarían de acuerdo y que forma parte de ese regeneracionismo de la vida política del que tanto habló el PP cuando era oposición y del que no volvió a acordarse durante la anterior legislatura.

Insistir en volver a una fórmula de elección de hace 20 años supondría un paso atrás, y no sólo en el tiempo. Si a ello se añade que el PP también se propone sustituir el jurado popular por el escabinado o jurado mixto y restringir drásticamente el llamado cuarto turno -posibilidad de acceso a la judicatura de juristas con experiencia y de reconocido prestigio por una vía distinta de la oposición-, la impresión que se saca es que la futura política judicial del partido del Gobierno, junto a algunos rasgos de modernización, contiene otros de inocultable vuelta a un judicialismo endogámico que nada tiene de moderno.