Los autores del incendio del Centro de Extranjeros pasarán ocho años en prisión
La Audiencia de Málaga ha condenado a ocho años de cárcel a cada uno de los cinco inmigrantes argelinos que provocaron, en mayo de 1998, un incendio en el Centro de Internamiento Extranjeros de Capuchinos (Málaga), para intentar evitar su expulsión de España. La sentencia obliga a los cinco a pagar solidariamente una indemnización de casi nueve millones de pesetas a un interno que sufrió graves quemaduras. Pero el juez ha eximido al Estado de la responsabilidad civil subsidiaria, de modo que, si los condenados se declaran insolventes, el damnificado no recibirá ni una sola peseta.
El juez considera probado que los procesados se pusieron de acuerdo para provocar el incendio y evitar así su expulsión del territorio nacional. Para ello, dice, "apilaron un número indeterminado de colchonetas de goma espuma, no inferior a cuatro", junto a una de las puertas del módulo, y les prendieron fuego, "comenzando a arder de una manera rápida e incontrolada".
Añade que los tres agentes de policía que custodiaban el centro intentaron sofocar las llamas utilizando dos extintores y una manguera de agua, "si bien no pudieron conseguirlo dada la virulencia de las llamas y lo combustible del material quemado, no logrando tampoco abrir una segunda puerta existente al otro lado del módulo por falta de visibilidad debido a que la electricidad se había cortado por efecto del fuego". Más adelante, la sentencia recoge que "el citado módulo carecía de alumbrado de seguridad".
El abogado de Touti Kakreti, el muchacho de 21 años que resultó quemado en el incendio perdiendo los dos pabellones auriculares y parte de un dedo de la mano derecha, ha anunciado que recurrirá la sentencia. El juez exime de responsabilidad al Estado porque "el autor del delito enjuiciado no ostenta cualidad de autoridad, agente o funcionario público" y porque "tampoco se ha acreditado que existiera infracción reglamentaria o de cualquier disposición aplicable por parte de los rectores o encargados del Centro de Internamiento de Extranjeros".
El letrado, por el contrario, sostiene que "un señor que está privado de libertad, como es el caso de los internos del centro de Capuchinos, depende directamente del Estado, y además ha quedado demostrado que el centro carecía de medidas contra incendios".
