La nueva ley se estrena en medio del caos y largas colas en las oficinas de extranjeros

La entrada ayer en vigor de la nueva Ley de Extranjería llevó el caos a las oficinas encargadas de tramitar la documentación de los inmigrantes. La falta de información y el temor a quedar fuera del próximo proceso de regularización produjo aglomeraciones en las zonas con mayor número de extranjeros, como Almería o Madrid. En Alicante, la policía cargó contra un millar de inmigrantes que se agolpaban ante la subdelegación del Gobierno. Hubo dos heridos. Responsables de Interior, que no ocultaban su malestar por esta actuación policial, dieron orden ayer de evitar que se repita.

Carreras, empujones y cargas policiales se reprodujeron a lo largo de la mañana a las puertas de la Oficina de Extranjería de Alicante, donde se agolpaban centenares de inmigrantes, la mayoría sin una información clara sobre lo que significaba la entrada en vigor de la nueva ley.La avalancha comenzó a última hora de la tarde del lunes. Sobre las 22 horas, y dado que el plazo para solicitar permiso de residencia y trabajo en España (imprescindible esa petición para luego entrar en el proceso extraordinario de regularización que comienza el día 22) se agotaba, los extranjeros se aglomeraron ante las dependencias. La policía cargó con el resultado de dos personas heridas -un marroquí de 27 años, a quien se le practicaron tres puntos de sutura en la cabeza, y un agente con un golpe en la nariz- y varios contusionados. En la tarde de ayer, pese a que la oficina estaba cerrada y no abrirá sus puertas hasta esta mañana, varias decenas de personas continuaban apostadas en las inmediaciones haciendo cola.

"Todo esto es fruto de nuestra ignorancia", comentó un inmigrante argelino. "Nos tratan a palos, como animales, y al final quizás no valga para nada, si el PP gana y vuelve a cambiar la ley", añadió. Los responsables de la oficina intentaron ayer poner orden en el proceso mediante el reparto de números entre los que esperaban para atenderlos en los próximos días.

"Es una tomadura de pelo, nos dan un número para que volvamos otro día, y cuando llegamos con la solicitud rellenada, siempre nos dicen que nos falta algún documento", comentó con resignación otro inmigrante.

Según el subdelegado del Gobierno en Alicante, Luis Garrido, el lunes por la tarde se atendieron unas 600 solicitudes y ayer se repartieron 1.000 números más. Garrido insistió en que aún no hay plazo para solicitar la regularización pues ese proceso no comenzará hasta el día 22 y durará dos meses por lo que "todo el mundo será atendido". Pero Garrido obvia el hecho de que según el borrador de decreto de regularización elaborado por el Gobierno, para acceder a ese proceso extraordinario será preciso, además de acreditar encontrarse en España desde antes del pasado 1 de junio, haber tenido un permiso de residencia o trabajo o haberlo solicitado en los tres años anteriores a la entrada en vigor de la ley. Es decir, hasta ayer como máximo.

En Almería, donde trabajan unos 13.000 marroquíes en los invernaderos, casi 3.000 inmigrantes, bajo estrecha vigilancia del Cuerpo Nacional de Policía, esperaban desde primera hora de la mañana ante la oficina de extranjería, que tramitó 2.000 solicitudes en cinco horas.

CC OO considera que la ley no entró en vigor hasta la pasada medianoche, por lo que todavía ayer tramitó miles de solicitudes en toda España. Su secretario de Migraciones, José Luis Sánchez, denunció ayer el caos producido por la falta de información y de instrucciones claras, lo que lleva a los subdelegados del Gobierno a aplicar interpretaciones distintas.

La labor de dicho sindicato evitó que situaciones como la de Alicante o Almería se repitiesen en Valencia. Ante el silencio de la Administración, CC OO se puso en contacto con los inmigrantes que constan en sus archivos y les distribuyó los impresos, tramitando un total de 2.000 expedientes desde el pasado jueves hasta ayer ante la oficina de extranjeros de la ciudad.

Para atender la avalancha de peticiones, los responsables del sindicato habilitaron una oficina en el salón de actos de su sede y movilizaron a 300 personas, entre afiliados y simpatizantes, para colaborar en la tarea, informa Jaime Prats.

La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) pidió ayer al Gobierno que realice una campaña informativa sobre la nueva ley ante la "confusión generalizada" entre los afectados y que ponga los medios necesarios para evitar nuevas aglomeraciones.