La justicia chilena volverá a examinar la salud del ex dictador en cuanto regrese al país

El juez chileno Juan Guzmán, que instruye medio centenar de denuncias contra Pinochet, ha anunciado su intención de someter al general a un nuevo examen médico en cuanto vuelva a Chile, aunque anticipó que el mal estado de salud no es, de acuerdo con la legislación de este país, razón suficiente para que no sea procesado. El magistrado ha explicado, según fuentes próximas a la investigación, que los exámenes pretenden reforzar su imagen de independencia, y que no deben ser interpretados como una vía para abortar el enjuiciamiento de Pinochet. Ayer mismo fue presentada una nueva querella contra el ex dictador.

Sólo en el caso de que Guzmán encuentre que el general está mentalmente incapacitado para responder a su interrogatorio podría concluir las investigaciones, según fuentes con acceso al caso. "Voy a estudiar la posibilidad de que se practique un examen médico legal en relación a su persona, sobre sus facultades físicas y psicológicas. De eso depende mucho cómo siga adelante la investigación", declaró el juez Guzmán a la prensa chilena. El magistrado dijo que está pensando en dar ese paso por propia iniciativa, y que no tendrá en cuenta los exámenes hechos por los doctores británicos, porque éstos no tienen validez en Chile.Las declaraciones de Guzmán han abierto una gran incertidumbre sobre el futuro que le espera a Pinochet a su regreso a Chile. El artículo 10 del código penal chileno sólo menciona como eximentes de responsabilidad penal de una persona que el acusado esté "loco o demente". Es objeto de discusión entre los expertos si un eventual cuadro de deterioro de la memoria por razones de edad encajaría en algunos de esos supuestos. En el pasado han sido procesadas en Chile personas de más de noventa años.

El juez Guzmán no quiso especular sobre cómo van a influir los resultados de los nuevos exámenes médicos en su trabajo. Algunos analistas creen que el estado de salud de Pinochet es suficientemente grave como para impedir un juicio. Otros piensan que lo que está haciendo Guzmán es cargarse de razón frente a quienes pretenden obstaculizar su actuación.

"Despejar dudas"

"Guzmán no está buscando en ningún caso una excusa", asegura el abogado Andrés Domínguez, consejero de la Comisión de Derechos Humanos chilena. "Lo que hace es que, ante la posición manifestada por las autoridades británicas, él no puede excluir la posibilidad de que exista una causal para impedir el juicio". "Se trata de despejar dudas", afirma Domínguez, "de comprobar en Chile las conclusiones del ministro Jack Straw".

En sus declaraciones a la prensa, Guzmán dijo que la presencia de Pinochet en Chile, en todo caso, favorece sus investigaciones, y pidió a Dios fuerzas "para seguir adelante". "Es un tema jurídico bastante difícil", manifestó, "y, en la medida en que la mitad del país, por un lado, y la otra media, por otro, está realmente preocupada por esta causa, obviamente que hay cierta incidencia política".

Familiares del ex dictador, dirigentes de la Fundación Pinochet y los abogados de Pinochet en Londres han advertido de que un juicio contra el general en Chile sería interpretado como un acto de revanchismo político. Las Fuerzas Armadas ya hicieron también, en un comunicado difundido el miércoles, una primera insinuación de que se oponen a ese procesamiento. Los principales dirigentes políticos de la derecha y de la izquierda han manifestado estos días, sin embargo, que ese juicio es, al menos, posible.

Los pronósticos recogidos estos días entre los expertos se inclinan por la posibilidad de que el Guzmán llegue, como mínimo, a solicitar el desafuero de Pinochet, que está protegido por su calidad de senador vitalicio. El desafuero ha de ser solicitado al Tribunal de Apelaciones. Si esa instancia rechaza la solicitud, el caso sería archivado. Si la opinión de ese tribunal es positiva, existe una opción de recurrir ante el Supremo. Las posibilidades de que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie a favor de desaforar a Pinochet son altas, a juicio de fuentes del Gobierno y de algunos abogados. En el Supremo, las posibilidades son menores.

Conseguido el desafuero, Pinochet podría ser juzgado. Ese paso ya es considerado más improbable por los expertos. El caso más avanzado y en el que existen pruebas más contundentes contra Pinochet es el de la Caravana de la muerte, por el que el juez Guzmán mantiene procesados a seis altos oficiales del Ejército por el delito de secuestro de 19 personas cometido en octubre de 1973.

Una nueva querella

Ayer, la familia del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Edgardo Henríquez presentó en Santiago una querella contra Pinochet, la primera desde que Londres dio a conocer su nueva posición. El ingeniero Henríquez desapareció en abril de 1976 en Buenos Aires, donde vivía protegido por la ONU.

"De alguna manera, el tiempo de detención transcurrido en Londres puede ser considerado suficiente para un hombre de su edad. En ese tiempo ha quedado claro también que existen evidencias que relacionan a Pinochet con crímenes muy graves. Ahora quizás sería suficiente con conseguir una comparecencia de Pinochet que sirviese para conocer el paradero de los desaparecidos", afirma el abogado Andrés Domínguez.

Los expertos no quieren excluir, sin embargo, ninguna posibilidad. El juicio de Pinochet dependerá en gran parte de la voluntad política de la derecha. Si el líder de esa fuerza, Joaquín Lavín, se mantiene abierto a esa opción después de las elecciones del domingo, las posibilidades de un juicio aumentarían, aunque en este momento es más realista pensar en que los partidos de la derecha, presionados por el Ejército, se van a oponer a un juicio y van a terminar haciéndolo imposible.

Una de las opciones intermedias que está considerando el juez Guzmán, según medios próximos a su investigación, es la de procesar a Pinochet únicamente por el delito de obstrucción a la justicia.