Los sindicatos de Francia niegan haber malversado fondos de pensiones
A juzgar por las reacciones de los sindicatos y de la patronal, el informe sobre la escandalosa gestión de los fondos de jubilaciones complementarias elaborado por la Inspección General de Asuntos Sociales francesa parece haber dado en el blanco, al menos parcialmente. Dicho informe, hoy en manos de la Fiscalía de Nanterre, denuncia que las centrales sindicales se han servido para su provecho de unos 34,3 millones de francos (857 millones de pesetas) durante el periodo comprendido entre 1995 y 1998. Esa cifra es la resultante de los sueldos cobrados de los fondos de pensiones por "liberados" de los cinco grandes sindicatos. Algunos sindicatos han admitido parcialmente la realidad de lo publicado sin dejar de negar que "no existe malversación, ni estafa, ni expolio", ni de atribuir el contenido del informe a "una maniobra de descrédito". "La ayuda indirecta a los sindicatos puede parecer legítima porque ella se corresponde con el trabajo efectuado de manera paritaria", ha indicado Fuerza Obrera (FO) tras ponderar los beneficios que la gestión de las jubilaciones ha acarreado al conjunto de los asalariados franceses. Tras admitir que dos de sus "consejeros técnicos" son remunerados por esos fondos, el sindicato CFDT ha señalado igualmente que los medios utilizados corresponden a tareas reales y que, en consecuencia, no pueden ser asimilados a los "empleos ficticios". La continuidad del sistema paritario francés, que deja en manos de los sindicatos y de la patronal la gestión de numerosos fondos sociales, peligra seriamente tras la amenaza empresarial de abandonar esos organismos en protesta por la posición del Ejecutivo en lo referente a la semana de 35 horas.
Según los inspectores de la Administración francesa, los sindicatos y los representantes empresariales, gestores paritarios de esos fondos que ascienden a más de cinco billones de pesetas, actúan de manera opaca y sin control, además de utilizar parte del dinero para su financiación. Entre los casos más pintorescos detectados figura la compraventa de caballos de carreras, que ha sido justificada por el gestor responsable de esas operaciones invocando las exigencias de "las relaciones públicas".
