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Editorial:

Sorprende Garzón

LA PESADILLA de los GAL no acaba de pasar. Sin que se conozcan nuevos hechos ni diligencias adicionales, el juez Garzón desentierra los papeles del Cesid que obran en su poder desde hace dos años y medio para obligar al Supremo a que se pronuncie de nuevo sobre si hay indicios para implicar a Felipe González Si trataba de sorprender, lo ha conseguido.Su iniciativa se plantea en relación al sumario en el que se investigan cuatro de los primeros asesinatos de los GAL, hace más de 15 años. Sostiene Garzón que la desclasificación de los famosos papeles del Cesid -hace ya más de 30 meses-, unida a elementos procesales aún más antiguos y cuya fuerza probatoria fue considerada insuficiente en otro proceso para imputar al ex presidente del Gobierno, exige un pronunciamiento nuevo y definitivo. El juez no imputa, ni afirma que haya causa bastante para hacerlo, pero constata que está pendiente la valoración de la incidencia de los papeles desclasificados en la eventual responsabilidad de González en el nacimiento de los GAL, y que esa valoración correspondería, en su caso, al Supremo por afectar a persona aforada. Ha tardado dos años y medio en apercibirse.

La única explicación es que trate de despejar por adelantado cuestiones que podrían ser suscitadas en el juicio por los acusados, desviando la responsabilidad hacia arriba. Pero es muy discutible ese empeño en volver sobre cuestiones aparentemente zanjadas por la instrucción del caso Marey.

No se entiende, en particular, que para justificar su íniciativa de someter sus dudas al Supremo establezca una relación entre la llamada "acta fundacional de los GAL" y la nota de despacho en la que Manglano anota: "Pte. para el viernes". Se suponía que ya otro magistrado se negó a dar valor suficiente al testimonio del ex coronel Perote para decidir que esa abreviatura significara "presidente" y no "pendiente". Tampoco se entiende por qué Garzón recoge, sin aparente cuestionamiento de su credibilidad -como hizo Moner- el testimonio de Damborenea, según el cual la expresión "la decisión ha de ser tomada por quien corresponda" se refiere al presidente del Gobierno. Lo mismo que cuando parece dar por hecho que la expresión "quien está conduciendo la lucha contra el terrorismo en su conjunto" esté referida necesariamente al presidente, frente a otras hipótesis de responsabilidad.

Para la mayoría de los españoles, el de los GAL es un drama colectivo, cuyo último crimen data de hace 13 años, y que quisieran superar cuanto antes. Hay que dar por supuesto que existen personas interesadas en que nunca pueda pasarse página: quienes ya lo usaron para intentar chantajear al Gobierno, por ejemplo. Pero que desde el Poder Judicial, y con la única novedad aparente de unos papeles desclasificados en abril de 1997, se vuelva a condicionar la vida política provoca serias inquietudes. Es de esperar que el Poder Judicial disponga de medios para evitar este juego del perpetuo retorno.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de noviembre de 1999