17 heridos en un enfrentamiento entre vecinos y policías locales en el Ayuntamiento de Ceuta
Diecisiete personas resultaron heridas en la batalla campal desatada ayer en el Ayuntamiento de Ceuta entre policías locales y un centenar de damnificados por las inundaciones de la pasada semana. Los vecinos protestaban porque el gobierno municipal, en manos del GIL, ha clausurado el pabellón deportivo en el que se alojaban unas 60 familias. Los técnicos municipales determinaron que sus casas, todas prefabricadas y ubicadas en la problemática barriada de Príncipe Alfonso, estaban en condiciones de volver a ser habitadas, pero los vecinos no pensaron lo mismo.
Los disturbios comenzaron a las diez de la mañana, cuando los vecinos ocuparon bruscamente la sede del Gobierno ceutí y se negaron a abandonarla sin el compromiso del presidente accidental, Manuel de la Rubia, -Antonio Sampietro se encuentra en Madrid, en su primer viaje institucional- de entregar una vivienda nueva a cada una de las familias que residen, desde hace unos dos años, en las casas prefabricadas. Los vecinos, en su mayoría musulmanes, arrojaron objetos contundentes contra las puertas del edificio y entraron en él destrozando la entrada principal y la primera planta. Sobre las cuatro de la tarde, los agentes antidisturbios que dirige el general Rafael de Cárdenas, director general de Seguridad del gobierno del GIL en la ciudad autónoma, cargaron contra el centenar de vecinos que se atrincheraron dentro del Palacio Municipal. La mayoría de los heridos fueron atendidos allí mismo de contusiones, cortes y algunas fracturas y pocos quedaron hospitalizados. El incidente ha sido el disturbio social más grave ocurrido en la ciudad desde que los inmigrantes subsaharianos protagonizaran un enfrentamiento similar hace exactamente cuatro años.
Los manifestantes llevaban dos días concentrándose a las puertas de la Asamblea reclamando una solución a su situación. La mayoría de ellos fueron desalojados de sus casas prefabricadas tras la fuerte tromba de agua del pasado viernes y recluidos en el polideportivo. En un claro mensaje propagandístico, el Gobierno que preside Antonio Sampietro se comprometió a resolver el problema en 48 horas.
Seis días después, los vecinos, por la fuerza, le han tomado la palabra. El GIL ha accedido a conceder una vivienda a las 17 familias que lo han perdido todo, y ha ampliado el cupo de reserva de vivienda para el resto de afectados. Pero las medidas no han sido consideradas suficientes y los manifestantes amenazan con volver hoy.
A pesar de que el Gobierno del GIL requirió en tres ocasiones la intervención de la Policía Nacional, sus efectivos permanecieron a la expectativa, siempre fuera del edificio, argumentando que la salvaguarda del Palacio de la Ciudad es competencia exclusiva de la Polícía Local. El Ejecutivo de la ciudad autónoma ha responsabilizado a la Delegación del Gobierno de denegación de auxilio y ha culpado directamente a dos de los tres diputados musulmanes de la Asamblea, Mustafa Mizzian y Mohamed Chaib (ambos del PDSC) de instigar la rebelión y de sublevar a las familias damnificadas.
Por su parte, los tres partidos que componían el anterior pacto de Gobierno (PP, PSOE y PDSC) han hecho público un comunicado en el que culpan de todo al GIL por no haber cumplido su compromiso, acusándole de azuzar a los agentes contra la población civil.
