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El Gobierno utiliza 2.000 millones confiscados a los "narcos" para luchar contra las drogas

Jorge A. Rodríguez

En contra de su voluntad, los narcos han financiado con más de 2.000 millones la lucha contra el tráfico de drogas y sus efectos. Ésta es la cantidad que se ha requisado a los traficantes condenados en sentencia firme por delitos contra la salud pública en los tres años de vigencia del Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico de Drogas, un instrumento legal ideado para que los beneficios ilícitos del narcotráfico puedan ser utilizados precisamente para combatirlo. La mayor parte del dinero procede de los fajos de billetes decomisados por policía y Guardia Civil.

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El Fondo de Bienes Decomisados fue aprobado por ley en diciembre de 1995 con la idea de que las actuaciones de prevención, investigación o represión del tráfico de estupefacientes no resultaran tan gravosas para el Estado. El objetivo era, sobre todo, el patrimonio y las grandes fortunas que se les suponen a los capos de la droga.En aquellas fechas, las asociaciones antidroga de Galicia tenían en la retina la opulencia de la residencia de Laureano Oubiña, el Pazo Baión (Cambados, Pontevedra). Aún siguen esperando, ya que Oubiña no ha sido condenado hasta hace unos días por tráfico de drogas y, además, la propiedad de la mansión no está clara.

Los resultados no han sido tan espectaculares como se esperaba, debido, fundamentalmente, a que en las grandes operaciones contra el narcotráfico, en las que se presume que hay dinero de verdad, "es muy difícil localizar y atar los bienes para que puedan engrosar el fondo", aseguran fuentes de la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, el departamento del Ministerio del Interior que se encarga de gestionar el fondo. Pese a ello, el fondo ha obtenido en el periodo de vigencia 2.068 millones.

El mecanismo para que se pueda disponer del dinero y los bienes es largo y difícil, ya que obliga a que haya sentencia firme, lo que en la mayoría de las ocasiones se demora varios años. Y un coche o un barco decomisado que se mantiene varado un par de años pierde gran parte de su valor. Esto explica que de la subasta de los 1.649 vehículos decomisados desde finales de 1996 hasta hoy únicamente se hayan obtenido algo más de 105 millones.

Ni siquiera las embarcaciones dan para mucho, entre otras cosas porque casi siempre son pateras, de bajo precio y cuya subasta está suspendida cautelarmente después de que se comprobara que eran adquiridas por grupos mafiosos o personas interpuestas para su reutilización. Ya han pasado por el fondo, convertidas convenientemente en dinero tras su subasta, 299 embarcaciones, que han reportado 61 millones.

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El grueso del dinero procede de las cantidades que se decomisan en metálico en las operaciones antidroga, ya que directamente en billetes se han logrado recaudar 1.887 millones.

El dinero del fondo se ha distribuido en dos grandes bloques: más de 1.132 millones han sido destinados al llamado control de la demanda de drogas, es decir, a los departamentos encargados de los planes de prevención de las toxicomanías y de rehabilitación de comunidades autónomas, ayuntamientos, ONG o entidades privadas sin ánimo de lucro. Otros 642 millones han ido a parar al otro gran bloque, a quienes controlan la oferta de drogas, o más bien la evitan: los departamentos antidroga de las fuerzas de seguridad, el Plan Nacional, la Fiscalía Antidroga o el Servicio de Vigilancia Aduanera.

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Sobre la firma

Jorge A. Rodríguez
Redactor jefe digital en España y profesor de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Debutó en el Diario Sur de Málaga, siguió en RNE, pasó a la agencia OTR Press (Grupo Z) y llegó a EL PAÍS. Ha cubierto íntegros casos como el 11-M, el final de ETA, Arny, el naufragio del 'Prestige', los disturbios del Ejido... y muchos crímenes (jorgear@elpais.es)

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