La oposición pide que los ediles que vendieron la funeraria sean suspendidos de sus funciones

La oposición municipal (IU y PSOE) cargó ayer contra el PP por la privatización de la funeraria. La operación, aprobada en 1992, se ha cargado de sospechas debido a la decisión de la Fiscalía General de dar luz verde a la querella preparada por el Fiscal Anticorrupción por las presuntas irregularidades de la venta. La portavoz adjunta del PSOE, Cristina Narbona, y la de IU, Inés Sabanés, pidieron ayer al alcalde, José María Álvarez del Manzano, que ordene la suspensión de funciones de dos concejales contra los que se ha querellado la fiscalía Anticorrupción.

El Fiscal General del Estado dio hace más de un mes su visto bueno a la querella que el equipo del fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha elaborado por las presuntas irregularidades en el proceso de privatización de la funeraria municipal en 1992. Entre los imputados por la fiscalía se encuentran cuatro altos cargos del PP (Simón Viñals, Antonio Moreno, José Ignacio Echániz y Luis María Huete) a los que se atribuyen supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos. Dos de estos altos cargos eran en 1992, cuando se vendió la funeraria, y siguen siendo hoy concejales del Ayuntamiento de Madrid: Simón Viñals, de Salud, y Antonio Moreno, de Patrimonio.

Narbona considera que ni Viñals ni Moreno "son los más adecuados, actualmente, para manejar miles de millones de pesetas, tal y como hacen en sus actuales cargos".

Responsabilidad

Narbona mantiene que el alcalde debería "asumir sus responsabilidades políticas y suspender temporalmente de sus funciones a Viñals y Moreno mientras se celebra el juicio y están bajo sospecha". Para Narbona, la investigación no termina aquí: "También vamos a examinar, gracias a los datos proporcionados por la querella, los números de Funespaña [empresa que gestiona la funeraria tras adquirir el 49% de sus acciones al precio de 100 pesetas], debido a que las irregularidades se siguen cometiendo y no tenemos información suficiente", añadió la portavoz adjunta del PSOE.

Otro de los responsables de la controvertida privatización de la funeraria municipal es, según la fiscalía, Luis María Huete, concejal desde 1974 y entre 1991 y 1995 primer teniente de alcalde. Ahora ocupa un escaño en el parlamento regional y durante la pasada legislatura también fue senador por designación autonómica.

El jueves, tras conocer la decisión de la Fiscalía General, Luis María Huete declaró: "Que nos digan con qué pistola hemos robado".

Inés Sabanés coincidió con Narbona en exigir "responsabilidades políticas al alcalde". "Y esto significa", explicó la portavoz de IU, "que los concejales implicados, Simón Viñals y Antonio Moreno dimitan, y si no quieren dimitir, que sean destituidos". La número uno de IU en el Ayuntamiento añadió después que estos dos ediles "no son, desde luego, los más indicados para manejar dinero público hasta que no se aclare toda la situación".

Sabanés recordó que su grupo lleva denunciando el proceso de privatización de la funerara "desde el inicio". "De hecho, la iniciativa del Fiscal Anticorrupción responde a una querella interpuesta por IU en 1996", añadió. Sabanés añadió que "hay que estudiar si, teniendo en cuenta las irregularidades comprobadas y las que van surgiendo, es conveniente rescindir el contrato a Funespaña".

En 1992, Funespaña pagó 100 pesetas al Ayuntamiento por las acciones de la funeraria municipal. Desde entonces, ha generado más de 6.000 millones de pesetas de beneficios. El interventor municipal, encargado de velar por los intereses del Consistorio, se mostró contrario a la venta porque sostenía que la deuda que por entonces arrastraba la funeraria (2.274 millones) debía ser sufragada por los compradores antes de hacerse con las acciones. No fue así. También el presidente de Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, tachó de "injustificada" y "poco clara" la privatización de la funeraria. Y añadió "No existieron informes en el Ayuntamiento que avalaran que la privatización era la forma idónea de la gestión".

El Gobierno municipal, del PP, evitó fuera del plazo establecido un rapapolvo del Tribunal de Cuentas al exigir por carta a Funespaña en 1998 la devolución de la deuda.